Si hay una cuestión a la que los ciudadanos andaluces, independientemente de la ciudad donde vivan, exigirán respuestas satisfactorias a los representantes municipales que elijan el próximo día 25 ese es el problema de la vivienda.
La disparatada escalada de precios de las residencias libres y la caída de la promoción de viviendas protegidas en los últimos años ha acabado por excluir del mercado a importantes bolsas de población. El mercado inmobiliario, lejos de regirse por la regla tradicional de la oferta y la demanda, ofrece hoy una gran contradicción: se construyen más casas que nunca, pero hay más necesidad que nunca. Especialmente ilustrativo es el caso de Málaga, la provincia española donde más viviendas se han construido en los últimos años y donde, según la propia patronal de la construcción, el 60% de la población carece de recursos para comprarlas.
Sólo los ayuntamientos de las dos principales ciudades andaluzas, Sevilla y Málaga, tienen contabilizados 32.000 demandantes de viviendas. Y este número incluye sólo a quienes tienen derecho a alguno de los tipos de viviendas protegidas que éstos promueven, y queda oculta una inmensa mayoría de clase media que sobrepasa los ingresos necesarios para aspirar a éstas, pero que no tienen suficiente para comprar en el mercado libre. De acuerdo a los indicadores sobre el precio medio de las casas en Andalucía, las cuotas de amortización de un préstamo hipotecario tipo oscilarían entre 600 y 700 euros mensuales, más de la mitad del salario medio que es de 1.245 euros, según el Instituto de Estadística de Andalucía.
Los ayuntamientos tienen ante sí el reto de tomar medidas para evitar que el derecho a la vivienda se convierta en un lujo al alcance de un grupo reducido de ciudadanos a costa de que otros puedan verse expulsados de las grandes ciudades.
Tras cinco años de descenso continuado, como muestra el cuadro adjunto, el número de viviendas protegidas calificadas en 2002 en Andalucía volvió a repuntar y superó las 15.000. Los cupos concedidos a Andalucía por el Ministerio de Fomento en los sucesivos planes de vivienda se han cumplido de forma generalizada, e incluso la comunidad se ha beneficiado de los excedentes de otras regiones que no han cubierto los suyos, pero según la Consejería de Obras Públicas estas asignaciones eran insuficientes y apenas cubrían la mitad de las necesidades.
Además, los cupos se han podido cumplir por la buena gestión de ayuntamientos de ciudades pequeñas y de interior que han puesto suelo a disposición de la administración autonómica para estas promociones preocupados por frenar sus procesos de despoblamiento, pero apenas se han promovido viviendas protegidas en las grandes ciudades, donde el problema es más acuciante.
Las viviendas protegidas que se construyen en la actualidad corresponden casi en su totalidad a la iniciativa pública, y los promotores privados dejaron hace años de hacerlas porque no les ofrecían beneficios suculentos frente al fenómeno de la viviendas turísticas o de segunda residencia y a la llegada de nuevos compradores que han encontrado en el mercado inmobiliario más rentabilidad que en los financieros.
Para volver a construir viviendas protegidas los promotores exigen una subida del precio de los módulos o un abaratamiento de los suelos, posibilidad ésta que ahora puede brindar la obligación legal que tienen los ayuntamientos de destinar el 30% de los suelos residenciales que pongan en uso a este tipo de casas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003