Se desconocen aún las razones por las que el consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, permanece en silencio ante uno de los mayores ataques que ha recibido esta institución, como ha sido el protagonizado por la delegada de la Consejería de Turismo en Granada, la andalucista Rosario González Hernández. Tras ser denunciada por la Fiscalía por supuesta apropiación indebida de fondos públicos durante su etapa como concejal en la localidad granadina de Almuñécar (1990 y 1991), lejos de asumir el asunto con la entereza y aplomo que corresponde a una autoridad, se dedicó, en cambio, a arremeter contra la Fiscalía y, sobre todo, contra la Cámara, ya que la demanda se basa en un informe realizado por la institución. No se quedó ahí, sino que fue a más, y argumentó que a quien se quiere atacar es en realidad es a su marido, Juan Carlos Benavides, secretario de Política Municipal del PA, por las supuestas expectativas que tiene de regresar a la alcaldía de Almuñécar.
Según González, el informe de los auditores es parcial y sus autores están vinculados al PSOE. No tuvo, sin embargo, tanta precisión a la hora de recordar en qué se gastó el dinero recibido del Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar y que ahora se le reclama. A la espera, de que, por tanto, esta misma semana Navas ponga las cosas en su sitio, sirva como aportación al análisis de lo ocurrido este simple dato que viene a refutar las acusaciones de tendenciosidad de lo investigado por la Cámara de Cuentas, y es que se trata de una labor auditora que estuvo dirigida por el funcionario de dicho organismo Rafael Carmona, en la actualidad, concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, y significativo hombre del PA en la capital andaluza.
Desde luego que hay que echarse a temblar si es que finalmente prospera la pretensión de los andalucistas de conceder plenas competencias en materia de urbanismo a los concejales. Con políticos del tipo de González habría que preguntarse sobre la idoneidad o no de esta singular propuesta que procede de una formación nacionalista. En cualquier caso, se entiende la perplejidad del actual alcalde de la localidad, José Luis González, del PP, impulsor de la denuncia, y quien se lamenta de que nadie, ni en el PSOE ni en el PA, diga nada en relación con este asunto.
Mientras tanto, el PP se empleará a fondo en estos días para dar una vuelta de tuerca más en su estrategia en defensa de Cajasur, empeño en el que parece que se juegan la vida. Van a pedir la reprobación de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, por considerar que se ha extralimitado en sus funciones de control y protectorado de las cajas de ahorro. Ahí es nada. Se trata de la tercera vez que lo intentan mientras que en el Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, sigue relacionando estrechamente al PP y a dicha caja, hasta el punto de acusar a los populares de ser "esclavos" de esta entidad. Dan la impresión con estas afirmaciones que los socialistas poseen determinado material sensible que podría explicar el por qué de tanto nerviosismo en el PP cuando se habla de la gestión en la caja cordobesa.
Así que se avecinan nuevos encontronazos a cuenta de Cajasur en una semana en la que se han de reanudar los contactos negociadores entre el Gobierno central y la Junta para llevar a cabo nuevos traspasos de competencias. Hay que aprovechar la coyuntura, dada la generosidad que últimamente se muestra el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas. No hay más que ver cómo baja cada fin de semana a Andalucía, cargado de medallas y distinciones que, por cierto, casi siempre recaen en alcaldes del PP, a las puertas de unas elecciones municipales, para darnos cuenta de la esplendidez de su carácter y de su plena disposición a darlo todo por su tierra. Bien debería, también, aplicarse el consejero Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera para cerrar, cuanto antes, uno de los "flecos" que quedan por resolver de las recién asumidas políticas activas de empleo, como es el de la cobertura financiera de los cursos de formación para los trabajadores acogidos a la renta agraria. Su triunfalismo a la hora de hablar del logro que ha supuesto que se haya consumado, por fin, esta transferencia a Andalucía, casa bien poco con la preocupante amenaza que supone para las cuentas públicas de nuestra comunidad el que todavía no se haya cerrado un acuerdo en esta materia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003