Con la llegada de la campaña electoral nuestras calles se han llenado de vallas desde las que los distintos candidatos a alcaldes o a presidente de la Generalitat nos solicitan nuestro voto. Como en anteriores ocasiones nos hallamos frente a una realidad imaginada a partir de la cual se configura la imagen social de las elecciones. Nada de nuevo, empero sí algo de particular: esa imagen no se corresponde con la realidad de las elecciones porque no se corresponde ni con el sistema de gobierno ni con las reglas que disciplinan el proceso electoral mismo. En claro: las elecciones no son como la propaganda dice que son.
Con la omnipresencia de alcaldables y presidenciables en la propaganda electoral, y la ausencia de todos los demás, excepción hecha de los líderes nacionales de los partidos, lo que se está haciendo es sugerir a los electores que ellos, con su voto, van a elegir por sí mismos al alcalde de su pueblo o al presidente de la Generalitat. La elección se visualiza como una competencia entre candidatos al puesto ejecutivo principal que dirimen los electores con su voto. Pero la realidad no es esa: los electores no eligen ni al alcalde, ni al presidente de la Comunidad ni, en su caso, al del Gobierno. Al alcalde lo eligen los concejales, al presidente de la Generalitat los diputados a Cortes Valencianas y al del Gobierno los diputados del Congreso. Lo que hacen las elecciones es encomendar a los electores que elijan por sí mismos a concejales y diputados, pero sólo a concejales y diputados. Ciertamente puede suceder que los electores elijan una mayoría de un color determinado y que, como consecuencia, los electos designen para alcalde o presidente al candidato de ese grupo político, así suele ocurrir en los casos en los que una lista alcanza la mayoría absoluta ( bien proceda ésta de los votos o sea fabricada por la ley electoral), pero ese es sólo uno de los resultados posibles: aquél que se da cuando coinciden mayoría absoluta y liderazgo reconocido.
Cuando esos requisitos no se dan, bien porque no hay mayoría absoluta monocolor, bien porque habiéndola no hay en su seno consenso suficiente sobre el liderazgo, la cortina de la apariencia se rasga y la cruda realidad aparece ante nuestro ojos: son los concejales, y no los ciudadanos, quienes hacen alcaldes, son los diputados y no los ciudadanos los que hacen presidentes y si la fuerza y candidatos de mayor votación popular no alcanzan la mayoría absoluta son vulnerables a las coaliciones adversas que puedan formar quienes realmente eligen aquellos cargos: los concejales y los diputados. Por eso es importante para un partido contar con la posibilidad de tener socios potenciales; el que tiene o puede tener socios tiene dos posibilidades de acceder al poder: ganar por sí o con ayuda de socios. El que no tiene socios no tiene alternativa: o mayoría absoluta u oposición. Tertium non datur. Por eso muy bien puede suceder que un partido gane las elecciones y pierda el Gobierno. Por eso sembrar el desierto en derredor no es una buena estrategia a medio plazo. Recuérdenlo el día 25 y siguientes.
En el caso de las elecciones legislativas o autonómicas opera además un factor adicional de distorsión que no lo hace en las municipales. Estas últimas son elecciones por sufragio universal puro y duro, en las que todos votan y el valor inicial de su voto es siempre igual. Pero en las legislativas y en las autonómicas no sucede así: en tales casos las reglas que determinan el reparto de los escaños a elegir entre los distritos electorales (lo que los especialistas denominan la clave de representación) está configurada de tal modo que no hay correlación entre el número de ciudadanos del distrito electoral y el de puestos a elegir en ese distrito. La consecuencia necesaria es que el valor inicial del voto no es igual: el de algunos ciudadanos vale más que el de otros ciudadanos y, en consecuencia, no se cumple el principio democrático medular: un hombre, un voto. Mas bien rige el principio orwelliano: todos los electores son iguales, pero algunos son más iguales que los demás. Una de las consecuencias de ese escenario es la posibilidad del fenómeno de inversión de mayorías: quienes tienen más votos muy bien pueden encontrarse con que no son los que obtienen mayor representación. El señor Maragall sabe algo de esto.
Si el tópico de que contamos con una democracia de baja calidad es acertado (y yo creo que lo es) una parte de las responsabilidades hay que adscribirlas a los fenómenos que señalo, a los equívocos electorales. Me parece que eso no es precisamente un mal argumento para defender la elección directa de alcaldes o presidentes. Laus Deo.
Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003