Durante la invasión de Irak algunos ideólogos del Pentágono lanzaron sobre el terreno de juego la renuencia de los ciudadanos europeos a gastar en defensa. Según esta versión, Europa quiere el "gratis total" en seguridad exterior, confiando siempre en EEUU como gendarme de última instancia y se gasta el dinero correspondiente en mejorar su Estado de Bienestar, más días pagados de vacaciones, menos horas de trabajo y la aportación más significativa del planeta en ayuda oficial al desarrollo. La reacción a esta presencia ausente de los europeos en los conflictos bélicos ha sido la convocatoria de la reunión en Bruselas entre Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo para activar una Europa de la defensa, más o menos autónoma de la OTAN. Independientente de la oportunidad de la reunión, la selección de países presentes y el hecho de que entre los cuatro no sumen más que el 35% de los presupuestos de defensa comunitarios, la iniciativa ha abierto otro debate paralelo, sobre las prioridades de la región.
El debate es el siguiente: si hay que hacer sitio a mayores gastos de defensa, ¿de dónde saldrán?: ¿de reducir el Estado de Bienestar, que constituye el modelo social europeo por el que se distingue "la vieja Europea" de las demás zonas del mundo?; ¿de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y otros instrumentos proteccionistas que ocupan una gran parte del presupuesto?; ¿de un incremento del presupuesto comunitario, tan exiguo, lo que significa en primera o segunda derivada un aumento de los impuestos?; ¿de la disminución de los fondos estructurales y del fondo de cohesión a los países que acaban de entrar en el club? El viejo dilema de las prioridades nacionales, que año a año se discute en el momento de presentación de los presupuestos nacionales, se ha trasladado al ámbito comunitario?
La resolución del mismo suele ser más cómoda en coyunturas holgadas. Cuando la economía va bien y crece. No es el caso. La polémica ha llegado cuando Europa está parada y sus dos principales países, Francia y Alemania, al borde de la recesión si no lo están ya. Independientemente de la aparición de un nuevo factor de gasto -el de la defensa comunitaria- ambos países están inmersos en un proceso de adelgazamiento compulsivo de su sector público y, lo que es más importante, de su Estado de Bienestar.
Francia, que en el último trimestre del año pasado ya no creció y que ha superado el 3% de déficit público que implica comprometerse con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha anunciado medidas muy duras para sus ciudadanos. En resumen, una reducción de sus pensiones públicas (en su cuantía, entre el 20% y el 30%, al mismo tiempo que se amplía el plazo para recibir la pensión máxima a más de 40 años de cotización), un nuevo sistema de subsidios mínimos a los desempleados para hacerlos menos atractivos a sus beneficiarios, y la reducción de las medicinas que se pagan con cargo a la Seguridad Social. El anuncio de estos sacrificios ha tenido la virtud de sacar de su letargo a la izquierda política, sumergida tras la derrota electoral de hace un año. No es menor el rigor que exige Schröder a los alemanes. La llamada Agenda 2010 (que es rechazada por los sindicatos y el ala izquierda socialdemocráta, y apoyada por empresarios, liberales, democristianos y el centro socialdemócrata) consiste en la reducción del seguro de desempleo (del tiempo en que se cobra y de la cuantía), la disminución de la cobertura de la Seguridad Social, la liberalización de los oficios manuales y la reestructuración eternamente pendiente de pensiones y sanidad. Todo ello es una coyuntura en la que el paro puede llegar a los cinco millones de personas y en la que los principales bancos pasan por unas formidades dificultades hasta el punto de que el Gobierno quiere garantizar los créditos dudosos, en una operación que todavía no se sabe si aprobará Bruselas (capítulo de ayudas encubiertas). Si Alemania y Francia no tiran, los demás lo tenemos complicado. Este es el panorama.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003