Sin previo aviso, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Carme-Laura Gil, se encontró sobre su mesa, el pasado 24 de abril, la dimisión en bloque de los directores de todos los centros públicos de primaria de la ciudad de Tarragona, excepto uno, quien no lo hizo por razones personales. La decisión de conceder dos nuevas líneas concertadas de tercero de primaria a sendas escuelas privadas, "cuando en los centros públicos hay plazas de sobra para redistribuir a los niños", fue la gota que desbordó el vaso de la paciencia de los maestros de los centros públicos, como explica el presidente de la Junta que agrupa a los 17 directores cesantes de los centros de primaria, Jaume Mosté.
Algunos centros públicos de Tarragona acogen un 40% de escolares inmigrantes
"Se debería distribuir a los alumnos entre todas las escuelas que reciben fondos públicos"
El sector privado concertado escolariza a más del 42% de los alumnos en Cataluña
Con su sonada dimisión -que no les fue aceptada-, estos docentes recogían la opinión muy generalizada en el sector de que el Gobierno de CiU favorece deliberadamente "a los centros privados concertados, lo cual impide la buena distribución del alumnado, incluyendo a los de origen inmigrante, que siempre acaban en los centros públicos".
Las cifras lo confirman. Pese a algunas tímidas medidas correctivas, casi el 90% de los estudiantes de origen inmigrante se concentran en las aulas públicas en Cataluña y entre el profesorado la sensación de que esta es un decisión política meditada. En febrero de este año la consejera Gil explicó en Girona que no cree en una distribución más equitativa de los inmigrantes porque "son alumnos que tienen los mismos derechos que los autóctonos, a los cuales no se distribuye". La consejera justificó su mayoritaria presencia en centros públicos alegando que "la mayoría de las escuelas de nuestro país -Cataluña- son públicas".
Todavía, pero cada vez menos. Durante su mandato, Gil ha generalizado la concesión de los conciertos educativos llegando hasta los casos más extremos, como cuando otorgó subvenciones a una serie de centros de élite que cobran mensualidades de más de 600 euros. Una decisión que desencadenó una protesta generalizada del sector educativo y llevó al sindicato mayoritario del sector, USTEC-STEs, a presentar un recurso contra la medida. El juez no quiso entrar en el asunto, que hubiera dinamitado el modelo educativo catalán, y consideró que el sindicato no estaba cualificado para ser parte demandante.
Hay más datos que corroboran la creciente alarma entre los docentes por la ausencia de una escolarización equitativa. Según un estudio de la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, centros públicos de primaria de algunas zonas de la provincia acogen hasta un 40% de escolares de procedencia inmigrante, mientras que en escuelas concertadas vecinas su presencia no alcanza el 0,25%.
El análisis, elaborado por los profesores Ignasi Brunet, Ángel Belzunegui e Inmaculada Pastor, concluye que en algunos centros públicos de las comarcas del Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès la proporción de alumnos inmigrantes es de uno por cada 2,5 autóctonos, mientras que en los concertados las diferencias alcanzan extremos de un estudiante extranjero por cada 450 autóctonos. El informe alerta sobre la formación de guetos, el progresivo abandono de los centros públicos por parte de la población autóctona y la paulatina percepción social de que las familias con menos recursos deben competir con las procedentes de la inmigración.
"El problema con la concertada no se centra sólo en los alumnos de procedencia extranjera, sino también en que no acogen estudiantes con necesidades educativas especiales", explica Maruja Aragoncillo, directora de la escuela pública Bonavista, para quien "la Generalitat debería distribuir a los alumnos entre todas las escuelas que reciben fondos públicos, porque ése es precisamente uno de los compromisos que se exigen al recibir un concierto".
Para Aragoncillo, el debate debe ir más allá de lo estrictamente educativo y trasladarse al ámbito de lo social, "porque hay barrios con población mayoritariamente colombiana o sólo marroquí, y esa realidad es la que se refleja en las aulas". Y es que el criterio que prima en las familias a la hora de elegir centro es su proximidad, y después, la calidad de la enseñanza, pero la excesiva concentración de familias inmigrantes en determinadas zonas puede potenciar otros criterios de selección: la directora ejemplifica la huida de algunos padres hacia los centros concertados al explicar que una madre le confesó que no quería que su hijo fuera "el extranjero en una clase en la que todos eran colombianos".
Así se ha consagrado en Cataluña un modelo escolar dual en el que ya no tienen cabida las escuelas privadas, ya que todas ellas se han acogido a la posibilidad de recibir subvención sin que se les exija prácticamente nada a cambio. Por un lado, los centros privados concertados destinados a las clases medias autóctonas, y por otro la escuela pública, encargada de acoger a la población con menores recursos y a los alumnos provenientes de la inmigración.
El modelo tiene evidentes ventajas para el Gobierno de CiU; la primera es que resulta muy barato ya que privatiza una buena parte del gasto público en Enseñanza. En lugar de buscar que la escuela pública tenga una calidad tan alta que haga innecesaria la privada, el Ejecutivo de Jordi Pujol dice a los padres que si quieren educar a sus hijos en buenas condiciones sin que tengan que compartir sus aulas con inmigrantes -con la connotación negativa que el propio Pujol adjudica a este colectivo- deben acudir a los centros privados.
La perversidad del modelo instaurado por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, consiste en que a los centros concertados se les exige la gratuidad a cambio de la subvención, pero la ayuda pública que reciben consiste simplemente en dos profesores por curso más una cantidad de dinero fija en concepto de gastos generales. Una unidad de primaria le cuesta a Enseñanza unos 60.000 euros anuales, y una de ESO, 75.000, incluyendo las nóminas y los gastos sociales de estos dos maestros y una partida de gastos de mantenimiento de 6.000 euros en primaria y de 8.000 euros en ESO.
El presupuesto del departamento de Enseñanza de la Generalitat para este año supera los 2.500 millones de euros, de los que más de 600 millones -una cuarta parte- se los lleva el sector privado por la vía de los conciertos. Sin embargo, el sector privado concertado escolariza a más del 42% del alumnado catalán y al 65% en Barcelona, mientras que la media de España no supera el 30%. Es fácil deducir que a la Administración catalana le cuesta la mitad un alumno concertado que uno público.
Pero se trata no sólo de la privatización de un servicio público esencial, sino también de la dejación de las responsabilidades de los poderes públicos en la formación de los futuros ciudadanos en los valores de una sociedad democrática: igualdad ante la ley, respeto a la diferencia, igualdad de oportunidades, libertad de pensamiento, separación entre Iglesia y Estado, entre otros, cuya transmisión a los jóvenes es dejada, mayoritariamente, en manos de organizaciones religiosas. La dimisión de estos 17 directores tiene, además, un carácter simbólico, como un grito de protesta contra la dejación de la Administración catalana en su responsabilidad con la escuela pública.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003