El desarrollo de la educación de los alumnos y alumnas con necesidades especiales, asociadas o no a condiciones personales de discapacidad, corre un serio e irreparable riesgo con la aplicación de los supuestos y las previsiones de la llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) promovida por el Partido Popular.
En efecto, en las dos últimas décadas lo que comúnmente se conoce como educación especial había levantado el vuelo merced a los cambios profundos que en su concepción y en su práctica se habían ido progresivamente implantando en España en plena comunión con las políticas y planteamientos internacionales en este campo. Las personas con necesidades educativas especiales, sus familias, las administraciones, en definitiva, toda la sociedad se había comprometido con algo tan justo como difícil y complejo como es el pleno reconocimiento de una minoría tradicionalmente marginada, así como de su derecho a la plena participación social.
Si hubiese que señalar cuáles eran las claves que daban sentido y alentaban dichos cambios, podría decirse -aún a riesgo de una cierta simplificación- que eran la progresiva convicción de que antes que "discapacitados" eran personas; que era más importante lo que podían tener en común con sus compañeros que no lo que les diferenciaba (el déficit); que la posible gravedad de sus problemas les trascendía y que afectaban de igual manera los apoyos que se les puede ofrecer, y que su vida debía transcurrir siempre que fuera posible en los contextos previstos para el resto de la población: la escuela, los centros y equipamientos de ocio, el trabajo, etcétera.
Asimismo existía la convicción de que sólo la convivencia en la escuela podía ejercer un cambio importante en las concepciones y actitudes de sus compañeros, avanzando así hacia el pleno reconocimiento de sus derechos por parte de la sociedad.
Sin embargo, la LOCE supone una seria amenaza para las conquistas logradas, ciertamente importantes, pero lejos de su máxima expresión posible, y va a comprometer su desarrollo, a pesar de que afirma que uno de sus ejes fundamentales precisamente es "ofrecer un sistema de oportunidades para todos"; lo que sucede es que este objetivo -que comparto- es del todo incompatible con la concepción de las diferencias individuales, y en particular las que son objeto de atención cuando habla de los alumnos con necesidades especiales, que planea a lo largo de todo el texto. La ley nos retrotrae a los planteamientos que en este campo se sustentaban en las décadas de los sesenta y setenta. Atribuye la dificultad al alumno, de nuevo se da prioridad al déficit, y en función de éste se le atiende / agrupa. La ley vuelve a primar las vías de la segregación, antes que de la integración.
Donde realmente yerra la ley es en la concepción de las diferencias individuales, en no reconocer la condición de persona antes que su déficit, y en la función que la escuela puede llevar a acabo para un mejor conocimiento y aceptación de las personas con necesidades especiales. Una ley que no promueve en la práctica el progreso de todos los alumnos y su plena participación social no es por supuesto una ley de calidad. Cuando la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) recoge en ocho lecciones lo que se ha aprendido en este campo durante el siglo XX, afirma en su primera lección que "nos costará más avanzar si continuamos discutiendo problemas sobre los que ya conocemos la respuesta". Y en la atención a las personas con discapacidad la respuesta es, sin restricciones, la educación ( y por supuesto, el ocio, el trabajo...) con sus semejantes. Al parecer, lo comparte todo el mundo, menos la LOCE.
Climent Giné es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003