El presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, ha denunciado que la mayoría de los 75 disidentes condenados a largas penas de privación de libertad han sido trasladados a prisiones muy alejadas de sus lugares de residencia y "están encerrados en condiciones infrahumanas que violan las normas mínimas de la ONU para el trato de presos y detenidos". Sánchez afirmó que el poeta y periodista Raúl Rivero, sancionado a 20 años de cárcel, se encuentra recluido en una celda de aislamiento en la prisión de Canaletas, en Ciego de Ávila, 500 kilómetros al este de La Habana.
"El agua que bebe no es potable, la alimentación es pésima y la iluminación de su celda no es la adecuada", aseguró. Rivero padece trastornos circulatorios y, según su esposa, Blanca Reyes, ha perdido 15 kilos de peso, aunque se encuentra bien de ánimo.
Sánchez dijo que otro caso "preocupante" es el del economista y periodista disidente Óscar Espinosa Chepe, condenado a 20 años de cárcel, cuya salud se ha deteriorado en los últimos días tras ser enviado a una prisión de Guantánamo, a 900 kilómetros de La Habana. Según su esposa, Miriam Leyva, el disidente ha perdido unos diez kilos en 45 días y los trastornos hepáticos que sufre se han agravado por falta de tratamiento adecuado. Tras visitar a su esposo en Guantánamo, Miriam Leyva aseguró que en las condiciones en que está viviendo, bebiendo agua contaminada y con una alimentación pésima, la vida de su marido está en peligro. "Si Óscar se muere, no podrán decirnos que no lo advertimos, pues hemos procedido por todos los canales oficiales, entregando la historia clínica que acredita su delicado estado de salud", dijo Leyva.
El caso de Espinosa Chepe ha motivado numerosas peticiones de liberación por motivos humanitarios, incluyendo una solicitud del Papa y de Amnistía Internacional. En el mismo centro penitenciario de Chepe están internados los disidentes Jorge Olivera, residente en La Habana y condenado a 18 años, y Víctor Rolando Arroy, residente en Pinar del Río, sancionado a 26 años.
Según Elizardo Sánchez, la decisión de las autoridades de trasladar a la mayoría de los disidentes a prisiones muy alejadas de su lugar de residencia "es una forma deliberada de castigo extrajudicial que afecta, sobre todo, a centenares de familiares inocentes", en un país en el que, debido a la escasez de transporte público, viajar entre provincias es una aventura.
Los opositores fueron detenidos a fines de marzo y condenados tres semanas después a severas penas de privación de libertad, que oscilan entre los 6 y los 28 años, por atentar contra la "independencia" del Estado, "conspirar" con EE UU y socavar los principios de la revolución. Sánchez consideró "muy improbable" que prosperen los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo por los abogados de los disidentes.
Por otro lado, funcionarios del Gobierno cubano han expresado que la isla está preparada para "resistir" la prohibición del envío de remesas y la suspensión de los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba, dos de las medidas que el presidente norteamericano estudia como represalia a los fusilamientos y el encarcelamiento de los disidentes. Según La Habana, la prohibición de enviar dólares desde EE UU, en caso de aprobarse, afectará "a un número incalculable de personas", y los principales perjudicados serán "muchos núcleos familiares que han adaptado sus vidas al estándar económico y los considerables beneficios que en las condiciones de Cuba les propician pequeñas remesas".
Se calcula que las remesas de dinero que los cubanos residentes en el exterior envían anualmente a sus familiares en la isla superan los 800 millones de dólares, más que los ingresos netos que aporta el turismo -principal industria del país- a las arcas del Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003