La Fiscalía de Madrid quiere sentar en el banquillo y acusarle de supuestos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias al arquitecto asesor del planeamiento urbanístico de Boadilla del Monte, Leopoldo Arnaiz Eguren. El fiscal le acusa de urdir una trama para favorecer la implantación en Boadilla de una gigantesca ciudad financiera promovida por el Banco Santander Central Hispano (BSCH). La Audiencia de Madrid ha confirmado en parte las pesquisas que desarrolla el Juzgado número 8 de Móstoles sobre este asunto.
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Según un escrito del ministerio público, la trama de Arnaiz consistió en engañar a los propietarios del suelo sobre el que hoy se construye esta ciudad bancaria, diciéndoles que tales terrenos (de una extensión total similar a la de 200 campos de fútbol) seguirían catalogados como rústicos. Con ello, Arnaiz logró supuestamente que los dueños de estos terrenos los vendiesen por precios muy bajos a testaferros de una sociedad del BSCH, siempre según la fiscalía. Una vez los solares en manos del banco, éstos se recalificaron y se convirtieron en edificables. La Audiencia de Madrid ha exonerado de responsabilidad en esta trama a la entidad bancaria, si bien ha acordado abrir un procedimiento abreviado contra Arnaiz, con quien este periódico ha intentado, sin éxito, dialogar.
Acuerdo anulado
Sobre estos terrenos llueve sobre mojado, ya que recientemente el Tribunal Superior de Justicia anuló el acuerdo del pleno de Boadilla que permitió aprobar el planeamiento urbanístico. Dicho plan daba luz verde a la construcción de un campus financiero en el municipio. Los jueces han dado la razón al PSOE, que recurrió aquel pleno ante los tribunales de lo contencioso porque el alcalde, Arturo González, ocultó documentos esenciales antes de votar, según el fallo. La vertiente penal de este asunto va a acabar en un juicio por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios contra Arnaiz, según el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio. El fiscal ya ha redactado un escrito en el que relata los hechos delictivos supuestamente cometidos, si bien aún no ha incluido las penas. Lo hará una vez que el juzgado instructor del caso atienda su petición para que el BSCH entregue a la Unidad Económica de la Brigada Central de Policía Judicial "todos los contratos firmados por Arnaiz" o sus sociedades con la entidad bancaria, así como las cantidades que ésta le entregó por sus gestiones.
Según el fiscal, en 1997, directivos del entonces Banco Santander contactaron con Arnaiz para que les buscase suelo barato, rústico, en algún municipio de la corona madrileña para levantar sobre él una ciudad financiera. Arnaiz, quien ha asesorado a "muchos municipios" de Madrid en cuestiones de suelo, se llevaría, según el fiscal, un porcentaje económico por su intervención en la operación. Y por ello aprovechó que él estaba "realizando el nuevo planeamiento urbanístico en el sector sur de Boadilla" para conseguirle al banco suelo barato.
Planteamiento
En junio de 1997, Arnaiz elevó al pleno un avance del planeamiento, que quedó aprobado y en el que figuraba como rústico ese suelo. Luego, el 23 de julio de 1997, se reunió con los dueños de los terrenos rústicos a los que él había echado el ojo como futura sede de esa ciudad financiera y les dijo que los mismos seguirían "como reserva municipal". Se habló entonces de levantar sobre ellos un cementerio y repoblarlos de masa forestal. Con posterioridad, testaferros de Arnaiz contactaron con los dueños de esos terrenos y se los compraron por 24 euros el metro cuadrado, cuando en realidad cada metro edificable y sin urbanizar valía allí 270 euros, según documentos del propio banco que obran en la causa, relata el fiscal. Los testaferros lograron 70 contratos de compraventa en la zona, por los que pagaron unos 36 millones de euros. Después, en noviembre de 1997, Arnaiz pidió al Ayuntamiento, con éxito, que retrasase cuatro meses la aprobación inicial del planeamiento. Aprovechó ese tiempo para variar la catalogación de ese suelo y convertirlo en urbanizable mediante una modificación puntual. Es entonces cuando el BSCH eleva a escritura pública los contratos de compraventa del suelo que ya poseía gracias a los testaferros de Arnaiz, según el fiscal, que califica esa operación de "burda maniobra para anteponer a la misma la tramitación de una modificación puntual" sobre esos terrenos. De esta forma, y asesorada por Arnaiz, la alcaldesa de Boadilla firmó un convenio con el BSCH que permitía la recalificación del suelo para construir la ciudad financiera. "Los únicos terrenos objeto de la modificación puntual son los comprados por la entidad financiera y un hermano del señor Arnaiz, teniendo una configuración el espacio objeto de modificación absolutamente caprichosa, y sin criterio urbanístico o geográfico alguno", aclara la fiscalía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003