La Sala del Supremo que ilegalizó Batasuna por su "complementaridad política" respecto de ETA ha cortado en seco el intento de burlar su decisión mediante la presentación a los comicios del 25 de mayo en el País Vasco y Navarra de candidaturas que, según ha sentenciado, son una continuación de la formación política ilegalizada. Para el tribunal, 241 de las 249 listas presentadas mantienen "una continuidad operativa" con Batasuna, presentando con ella"una similitud sustancial", en lo relativo a sus dirigentes, estructura y financiación. Pero que ocho de las candidaturas hayan pasado el tamiz del Supremo muestra las dificultades de una impugnación común - y no pormenorizada para cada una de las 249- que han planteado al alimón la Fiscalía General y la Abogacía del Estado.
La decisión del Supremo se ha producido en el marco de un procedimiento contencioso-electoral, inicialmente previsto para resolver cuestiones de forma -por ejemplo, identidad de candidatos o duplicidad de candidaturas-, pero no de fondo, como es determinar si una candidatura es la continuación orgánica de un partido ilegalizado. De ahí la brevedad de sus plazos -48 horas-, pues se trata de supuestos apenas necesitados de actividad probatoria. Que en tiempo tan escaso el Supremo haya debido pronunciarse sobre la similitud de más de 200 candidaturas con la ilegalizada Batasuna, para lo que sin duda hace falta la aportación y análisis de abundantes pruebas, ha permitido a los representantes de las candidaturas impugnadas alegar indefensión, falta de contradicción y limitaciones en la práctica de la prueba, entre otras vulneraciones de derechos. El procedimiento está pensado para resolver cuestiones formales, pero el fondo de lo que debe resolver afecta a derechos individuales y políticos básicos en una democracia. El Supremo ha dado todas las facilidades posibles, pero es el procedimiento, inapropiado para supuestos que constituyen un proceso de ilegalización en toda regla, el que está en causa, por lo que debería ser perfeccionado en el futuro. El mismo problema se le presenta al Tribunal Constitucional, llamado a resolver en tres días recursos de amparo sobre supuestas vulneraciones de derechos.
En vez de intentar una vez más burlar la ley, insistiendo en concurrir a las elecciones del 25 de mayo con sus propias listas, el nacionalismo vasco radical debería buscar, como ya ha hecho el grupo Aralar, vías de representación política autónomas de ETA y no sometidas al tutelaje de la organización terrorista. A sus dirigentes, pero también a los votantes de esa opción política -228.847 en las municipales de 1999 y 143.139 en las autonómicas vascas de 2001- debería hacerles reflexionar la firme decisión del Estado de derecho de no permitir la existencia legal de sucedáneos de ETA, una organización terrorista que considera legítimo asesinar a candidatos o electos de los partidos no nacionalistas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003