La Fiscalía abrió en Vizcaya en el año 2002 68 diligencias previas y, por vez primera, se llegaron a celebrar 13 juicios por faltas, de los que nueve resultaron con sentencia absolutoria y cuatro se fallaron en contra de las empresas. Además de las faltas, la Fiscalía acusó a cuatro empresas por un delito contra la salud laboral, siendo la sentencia condenatoria en todos los casos.
En el País Vasco, tres fiscales, uno por cada Audiencia Provincial, investigan todos aquellos casos relacionados con la salud laboral. Los fiscales persiguen los siniestros en los que se sospecha que pudo cometerse una irregularidad, así como en los que hay indicios de un delito. Pero, además, el fiscal encargado se responsabiliza de la coordinación de todas las causas que tienen que ver y de las relaciones con la Inspección de Trabajo y el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social vasco.
La constatación de que muchos siniestros laborales quedan impunes llevó hace dos años a la Fiscalía General del Estado a endurecer su acción y promover nuevas medidas para conseguir unidad de criterios a través de la instrucción 1/2001. La anterior, de diez años antes, resultó insuficiente y la responsabilidad de la mayoría de los siniestros quedaba sin castigo, según señalaron en medios judiciales.
La implicación directa de los fiscales ha dado los primeros resultados. Los datos se darán a conocer en la memoria del Ministerio Fiscal del pasado año, que se hará pública próximamente.
Responsabilidad penal
El nuevo papel del fiscal permite disponer presumiblemente de más posibilidades para acceder a la información ya que se ha estrechado su relación con la Inspección de Trabajo y con la policía judicial. En el primero caso se envían las actuaciones al fiscal y en ellas consta si la empresa ha omitido las medidas de seguridad laboral, lo que lleva aparejada una propuesta de sanción por infracción más grave. Los fiscales pueden evaluar de esta manera la posible existencia de responsabilidad penal, según fuentes judiciales.
Por su parte, la policía judicial remite al fiscal una copia de las denuncias o atestados instruidos para que las fiscalías conozcan los hechos. Se trata de evitar que lo que es calificado inicialmente de falta quede impune y lo no se investigue si puede llegar a saer un delito.
Por otro lado, según datos de Osalan, hasta el 31 de marzo se habían registrado 11.654 accidentes en la comunidad vasca, de los que 107 fueron graves y 20 mortales.
.Es en los siniestros graves donde la disminución es mayor, casi un 25,7% respecto a 2002.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003