A la Delegada de Asuntos Sociales de Huelva: Leídas sus declaraciones del pasado día 26 de abril, no puedo más que sentir estupor. No aportan ninguna solución a la gravísima situación que se está sufriendo en el término municipal de Almonte por temporeros, la mayoría españoles provenientes de otras provincias. Antes bien, añaden a la precaria realidad que allí se vive un golpe bajo a los verdaderos y únicos sufridores de ella: los jornaleros.
El problema no es que los padres no quieran escolarizar a sus hijos, el problema es mucho más complicado. Los alojamientos de muchas de estas personas no merecen ni el calificativo de cuadras. No hay posibilidad alguna de asearse al no haber ni agua corriente, ni luz, por tanto tampoco cuarto de baño, con lo cual las necesidades se hacen en el exterior de la casa. Esta falta de posibilidades de aseo y de poder lavar la ropa hace que los padres renuncien a llevar a sus hijos a la escuela en el penoso estado de deterioro físico en que se encuentran sus hijos.
Entiendo que sus declaraciones se basan en el desconocimiento de la dimensión del problema. No pongo en duda, ante declaraciones de algún empresario, que la mayoría de ellos ofrecen vivienda digna a sus trabajadores, pero decir que todos cumplen con este requisito sería también demostrar un gran desconocimiento.
Pónganse los medios necesarios para paliar esta situación de verdadera explotación y no se vuelva a dar otra vuelta de tornillo al más débil, en este caso el jornalero del campo andaluz, que tanta riqueza trae a nuestras tierras. Amenazar con retirarles la tutela de sus hijos es un golpe bajo y de muy mal gusto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de mayo de 2003