Guillermo Gaviria, gobernador del departamento de Antioquia, y Gilberto Echeverry, consejero regional y ex ministro de Defensa de Colombia, fueron asesinados por guerrilleros de las FARC que los mantenían en su poder desde hace más de un año. Según la versión de la guerrilla los rehenes fueron ejecutados, junto con otros ocho compañeros de cautiverio, en respuesta a un intento de rescate por parte de las fuerzas de seguridad.
Al cierre de esta edición, el Gobierno no había aclarado las circunstancias de las muertes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por su parte, en un comunicado aseguraron que los secuestrados murieron en medio de combates en un intento del Ejército por rescatarlos. En el operativo participaban 600 hombres aerotransportados, aseguró un portavoz del Frente, José María Córdoba. Los hechos ocurrieron en el municipio montañoso de Urrao, al oeste de Antioquia. Los dos políticos, junto con ocho oficiales y suboficiales que compartían cautiverio y también fueron asesinados, eran parte del grupo de más de 40 canjeables (secuestrados de alto nivel para cambiar por guerrilleros presos). A ellos se suman la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, diputados, y tres norteamericanos.
La noticia causó conmoción en todo el país. Gaviria y Echeverry fueron secuestrados cuando presidían una marcha multitudinaria "por la no violencia" para lograr el desbloqueo de los grupos armados a una población antioqueña. Los dos políticos creían en la salida negociada al conflicto colombiano.
La tragedia se produjo en un momento de optimismo generado por un debate sobre la posibilidad de un acuerdo humanitario que permita la libertad de todos los secuestrados. La semana pasada tres ex presidentes liberales se mostraron a favor de este acuerdo basado en el Derecho Internacional Humanitario. En Cali, ayer por la mañana, el presidente Álvaro Uribe pidió a los colombianos comprensión y paciencia para lograr un acuerdo "razonable". Aún no conocía la noticia.
Uribe exige la libertad de todos los secuestrados del país, políticos y económicos, que los guerrilleros liberados salgan del país. No acepta la petición de la guerrilla de desmilitarizar una zona para adelantar los diálogos. Hace poco, en su más duro discurso contra la guerrilla, el presidente insistió en que no desmilitarizará ni "un centímetro del país" y calificó a las FARC de "caterva de bandidos".
Las FARC, por su parte, exigen la libertad de sus 600 presos, no aceptan la mediación internacional, ni el viaje de sus hombres al exterior. La semana pasada el grupo guerrillero, el más antiguo y numeroso del país, había nombrado sus negociadores. Por eso una de las frases más repetidas ayer ante las ejecuciones fue que "no hay lógica ni razones que permiten explicar este hecho tan cruel".
Antonio Navarro, ex guerrillero y hoy senador, rechazó este acto bárbaro y aseguró que la opinión se polarizará aún más entre los que piden el acuerdo humanitario y los que exigen más mano dura. "No permitamos que la desesperación nos lleve a decisiones armadas. La única salida es el diálogo", dijo el sacerdote Darío Echeverry, uno de los tres intermediarios designados por el Gobierno desde el comienzo del año, comisión que fue descalificada por las FARC.
La opinión colombiana, sensibilizada con el dolor de los familiares de los secuestrados, estaba cada vez más a favor de un acuerdo humanitario. Algunos de los oficiales y suboficiales canjeables van a completar ya seis años en las "cárceles del pueblo" que tiene la guerrilla en rincones apartados del país.
Colombia espera ahora el pronunciamiento del presidente, Álvaro Uribe, muy cercano en afectos a las nuevas víctimas de la violencia que vive el país desde hace décadas. "Ojalá el presidente no se olvide del dolor de los familiares de los secuestrados", dijo la madre de un suboficial al que desde hace tres años y medio, la guerrilla mantiene amarrado con cadenas en una cárcel en medio de la selva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de mayo de 2003