Manuel Díaz, de 44 años, de Riotinto (Huelva), trabajó como inspector de instalaciones en Minas de Riotinto (MRT) durante 22 años hasta que la producción se paró a finales de 2001. Este minero tiene una visión pesimista de los políticos de uno y otro signo: "No se ponen en la piel de quien realmente tiene necesidades". "El retraso a la hora de aplicar las ayudas de los mineros por parte del Gobierno central me ha hecho pensar en la tremenda frialdad con la que trabajan los políticos. Después de tantos esfuerzos, de tanta lucha uno no puede seguir teniendo miseria en su despensa", afirma .
Este minero durmió al raso los más de 20 días que duró el campamento instalado por mineros de CCOO en la capital onubense. "De aquellos días tengo un recuerdo agridulce. No los doy por perdidos, al menos conseguimos arrancar un compromiso del Gobierno. Pero su dejadez al aplicar las ayudas públicas te deja marcada una tremenda huella de fustración", señala.
José Carlos Torres, de 44 años, natural de Nerva, trabajó también más de dos décadas en Minas de Almagrera (Calañas, Huelva), una explotación dedicada a la extracción de cobre, plomo y zinc hasta que cerró en 2001. Torres mira con recelo la reunión que hoy mantendrán en Sevilla los sindicatos UGT y CCOO con el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido para concretar el número de mineros que accederán al plan de prejubilaciones. "Estoy seguro de que para el Ejecutivo somos ciudadanos de tercera división. No somos ciudadanos de primera, como los del norte de España. Ni siquiera somos de segunda, como ocurre en otras regiones de Andalucía", asegura Torres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de mayo de 2003