El retroceso en las libertades y los derechos fundamentales que refleja el informe elaborado a petición de la Comisión Europea por una red de expertos independientes confirma lo que habían vaticinado muchos analistas: los países europeos tienen serias dificultades para combatir el terrorismo y la inseguridad desde la libertad. Tras el 11-S, en la estela de las políticas practicadas desde Washington, los países de la UE se han contaminado de la demanda social de más seguridad a costa de recortar las libertades individuales de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la iniciativa española de crear en el ámbito comunitario un registro estandarizado de personas y organizaciones suceptibles de cometer actos terroristas "antes de la acción", algo más propio del concepto preventivo y regresivo de seguridad que tiene la Administración de Bush que de las tradiciones europeas.
La marcha atrás no se ha producido sólo por la lucha contra el terrorismo, sino también por la aprobación de leyes restrictivas de la inmigración en todos los países de la UE. Las condiciones de detención en cárceles masificadas -especialmente en España y el Reino Unido- y la insuficiente protección de los datos y las comunicaciones -interceptadas por los servicios secretos o las propias empresas- son ejemplos criticados en el informe que poco tienen que ver con la lucha eficaz contra el terrorismo y revelan una degradación de la calidad democrática de nuestras sociedades. En un terreno todavía más heterogéneo, el informe denuncia incrementos en "formas modernas de esclavitud" (doméstica, trabajo clandestino y prostitución) o la reducción en las prestaciones sociales.
Este primer informe usa como "instrumento de referencia" la Carta de Derechos Fundamentales, que se incorporará a la futura Constitución Europea. Los siguientes harán un balance país por país, con el objetivo de establecer, en el área de Justicia e Interior, un control análogo al de los criterios de convergencia económica y monetaria. Es de esperar que el próximo análisis registre una recuperación de los niveles de exigencia democrática y de respeto a las libertades. La instalación permanente en la excepcionalidad o, lo que es peor, un deslizamiento que conduzca a sociedades cada vez más cerradas significaría el triunfo de los terroristas, que tienen como principal objetivo precisamente la liquidación de las libertades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de mayo de 2003