La Mesa del Parlamento vasco optó ayer, con los votos de PNV, EA, IU y PSE, por retrasar el debate sobre la posible disolución del grupo parlamentario de la antigua Batasuna: Sozialista Abertzaleak. La víspera, el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, había ordenado, según trascendió ayer, enviar al Tribunal Supremo las identidades de los siete parlamentarios abertzales, tal como había requerido el tribunal. Por tanto, se resolvió esperar a la respuesta del Supremo. En Madrid, la Abogacía del Estado y la Fiscalía informaron al Constitucional contra los 200 recursos de las listas electorales impugnadas.
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El debate en la Mesa del Parlamento vasco giró en torno a la posible disolución del grupo de la antigua Batasuna, a instancia del Supremo. PNV, EA, IU, los tres partidos que integran el Gobierno de Juan José Ibarretxe, así como el PSE entienden, a priori, que para esa disolución, que supondría enviar a los parlamentarios abertzales al Grupo Mixto, es precisa una ley que reforme el actual Reglamento de la Cámara. Eso es lo que tuvieron que hacer el Parlamento navarro y el Ayuntamiento de Vitoria, dos instituciones que ya han disuelto los respectivos grupos de Batasuna. En todo caso, el debate ha quedado aplazado hasta que el Supremo vuelva a dirigirse a la Cámara.
La reunión comenzó a las ocho de la mañana y se suspendió dos horas después por la celebración del pleno del Parlamento. La Mesa se volvió a reunir a las 21.30, y concluyó una hora más tarde.
Mientras el PP mantuvo su defensa de la disolución inmediata, el socialista Manuel Huertas propuso posponer la decisión hasta que se reciban instrucciones más detalladas del Supremo. El tribunal había pedido la identidad de los integrantes del actual grupo para ver si sus miembros coinciden -como así es- con los que se presentaron en las listas de EH en las autonómicas de 2001 y funcionaron después bajo la denominación Batasuna.
Atutxa presentó además un escrito, que se aprobó sólo con los votos de PNV, EA e IU, en el que se afirma que "es responsabilidad de esta Mesa defender la dignidad de la Cámara y preservar su autonomía de funcionamiento". La nora señala que partidos y grupos parlamentarios son realidades jurídicamente diferentes, y que la creación y disolución de éstos pertenece a la autonomía organizativa y de funcionamiento del Legislativo vasco. "Una decisión judicial que por sí disolviera un grupo parlamentario supondría una invasión de esa autonomía y contravendría el principio constitucional de la división de poderes", advierte.
Mientras se debatía en la Mesa del Parlamento vasco, en el Tribunal Constitucional los representantes de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía se oponían a la estimación de los más de 200 recursos de amparo presentados contra la anulación por el Supremo de 241 candidaturas electorales continuadoras de HB-EH-Batasuna, según fuentes jurídicas. La Abogacía indicó que la mayoría de esos recursos siguen las mismas directrices y se han elaborado usando plantillas preparadas de antemano y conjuntamente por las agrupaciones electorales.
El escrito de la Abogacía destaca los argumentos del Tribunal Supremo en el sentido de que las 241 candidaturas fueron anuladas por estar "configuradas, diseñadas o planificadas" por ETA. Por su parte, la Fiscalía había presentado a las cinco de la tarde 260 informes oponiéndose a los recursos de amparo y preveía despachar otros 80 antes de la medianoche.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 2003