España calcula que el coste del daño ocasionado por los vertidos del petrolero Prestige ascenderá a unos 675 millones de euros. Pero sólo recuperará algo más de 100 millones, el 15% del total, que le pagará el organismo que indemniza por estas catástrofes. El comité ejecutivo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños por la Contaminación de Hidrocarburos (Fidac), que compensa a los perjudicados por los desastres provocados por petroleros, acordó ayer limitar las indemnizaciones por el Prestige al 15% del perjuicio provocado por el naufragio.
Este bajo porcentaje se debe a que la cantidad total que el Fidac tiene para compensar los daños de la catástrofe, 171,5 millones, esta muy por debajo de los 1.000 millones que reclaman los países afectados por los vertidos, España y Francia.
El Fidac considera que España es el país más perjudicado por el naufragio del Prestige y, según calcula, los daños del vertido podrían suponer unos gastos 713 millones de euros. A continuación iría Francia y, en mucha menor medida, Portugal.
El comisionado del Gobierno español para el Prestige, Rodolfo Martín Villa, evalúa los daños para España en una cantidad levemente inferior, 675 millones de euros. A esta cifra habría que añadir los perjuicios causados al turismo, que no se conocerán hasta septiembre y que el Fidac fijó por su cuenta entre 10 y 43 millones.
En definitiva, España podría recibir como compensación del Fidac algo más de 100 millones de euros, muy por debajo de lo que perderá. Hasta el 31 de marzo, el gasto de las administraciones públicas españolas se elevaba a 328 millones de euros, según las cifras avanzadas el martes por el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero quedan aún playas por limpiar, se han de vaciar los depósitos del buque a 3.000 metros de profundidad, afrontar las pérdidas del turismo y otras labores.
De los costes evaluados por el Gobierno español ante el Fidac, 135 millones de euros corresponden a la limpieza del mar, 226 millones a la limpieza en tierra y recuperación del medio ambiente, entre 57 y 70 millones a la neutralización del pecio marino, 140 millones a ayudas directas a los afectados y 102 millones de euros a los daños provocados a particulares. Estas enormes magnitudes contrastan con las cifras limitadas de que dispone el Fidac para pagar a los afectados: un fondo de unos 171,5 millones de euros, incluidos los 24 millones que corresponden a la aseguradora P&I Club y que ésta ha congelado hasta asegurarse de que quienes cobren las indemnizaciones renunciarán a la vía judicial.
Debido a lo escuálido de este fondo, el Fidac acordó ayer limitar al 15% los pagos a los perjudicados, el porcentaje más pequeño jamás acordado para una catástrofe petrolera. Martín Villa la definió como "un nivel inicial y prudente de pago" y reconoció que "un porcentaje superior es imposible al día de hoy". Para la representante francesa se trata de una cifra "ridículamente baja".
En teoría, en este tipo de catástrofes los daños evaluados al principio suelen ir bajando, por lo que es probable que ese tope del 15% pueda aumentar con el tiempo.
Sin embargo, en el caso del Prestige los gastos por los daños superan ya con creces la cuantía máxima disponible en el fondo. En estos casos, los poderes públicos tienen la costumbre de ponerse a la cola, de manera que no empiezan a cobrar su parte hasta que los particulares han cobrado el 100% de la suya o han consumido la existente en el fondo. Martín Villa anunció que el Gobierno español aprobará un decreto para garantizar que el sector privado afectado por el vertido sea indemnizado antes que la administración pública que se ha encargado de la limpieza de playas y el pago de un sueldo mensual a los sectores productivos que dejaron de trabajar como consecuencia de las distintas mareas negras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 2003