La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive 1.800 denuncias planteadas por particulares contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, por la guerra de Irak. En un dictamen de tres folios, firmado por el fiscal jefe José Aranda, se resalta que España no efectuó "declaración alguna de guerra" a Irak, que las tropas españolas enviadas a la zona de conflicto no tenían misiones bélicas, y que no se ha comprometido "la neutralidad del Estado".
Para la Fiscalía del Supremo, "es un hecho notorio que el denunciado no ha efectuado declaración alguna de guerra a Irak, ni las tropas españolas han sido enviadas a efectuar ataque alguno ni a emplear armas bélicas contra dicha nación ni contra su población, ni para realizar represalias, actos o amenazas de violencia con finalidad de atemorizarla".
"La anterior afirmación", añade el fiscal, " conduce, sin necesidad de práctica de diligencia alguna, ni de ratificación de los denunciantes, a la procedencia del archivo de las actuaciones por no revestir caracteres de delito".
El escrito descarta, por tanto, que se haya incumplido lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal. Además, el fiscal constata que "ningún país ha declarado la guerra a España como consecuencia de actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, ni se ha comprometido la neutralidad del Estado, ni se han levantado tropas en España al servicio de una potencia extranjera", por lo que tampoco cabe aplicar los artículos 590, 591 y 595 del Código Penal.
La misma falta de fundamento, e "inexistente relación con la realidad", advierte la Fiscalía en la intención de imputar a Aznar delitos de genocidio, contra la comunidad internacional o contra el derecho de gentes. En el informe, el fiscal considera que no es ocioso recordar el contenido del artículo 102 de la Constitución, que dispone que para proceder contra el presidente del Gobierno por supuestos delitos contra la seguridad del Estado cometidos en ejercicio de sus funciones, se requiere que sea planteado por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, y aprobado por mayoría absoluta de la Cámara.
El informe no se refiere a las dos querellas planteadas contra Aznar en el Supremo por la Plataforma Cultura contra la Guerra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 2003