El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, explicó ayer que está de acuerdo con el fondo de la sentencia de un Juzgado de Sevilla que considera ilegal la inmovilización del aceite de orujo efectuada por la propia administración autonómica, tras una alerta sanitaria dictada el 3 de julio de 2003 por la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.
Vallejo recordó que en 2001 ya criticó aquella "alerta sin precedentes", la "falta de información" que rodeó la medida y "la precipitación" con que se tomó. Pese a ello, la
Junta va a recurrir la sentencia porque considera que no debe ser ella la administración sancionada.
El argumento del recurso será que "las comunidades autónomas se limitaron a cumplir una orden, que el Gobierno no tenía capacidad logística para aplicar, por lo que ésta es la administración responsable", indicó Vallejo. Según fuentes de la Junta, en Andalucía hay otras cinco reclamaciones patrimoniales en los juzgados y tres contenciosos administrativos.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, justificó la medida tomada por Celia Villalobos. "Cuando hay problemas que afectan a la salud de los ciudadanos, hay que tomar decisiones en base al principio de precaución", dijo el ministro, según informa Europa Press.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 2003