"Éste, como muchos otros, es un problema de derechos. El primero que hay que garantizar es que nadie se vea obligado a ejercer la prostitución contra su voluntad, ya sea por necesidad, ya sea por coacción. Para ello, hay que aplicar sin remilgos el Código Penal contra las mafias que trafican con los seres humanos, al tiempo que se desarrollan políticas de prevención, atención y reinserción dirigidas a las víctimas de esta explotación".
"En paralelo, los poderes públicos deben utilizar cuantos instrumentos jurídicos estén en sus manos para, por un lado, prohibir el ejercicio de la prostitución en las calles y parques públicos. Y por otro, asegurar la salubridad y seguridad de las personas que ejerzan esta actividad en locales".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de mayo de 2003