"La principal obligación de los poderes públicos es defender al máximo los derechos de todos los individuos cualquiera que sea su orientación sexual. Ahora bien, ante la adopción, los poderes públicos tienen el deber de conciliar el derecho, siempre preferente, del adoptado con los deseos legítimos de los que adoptan. La adopción siempre plantea un problema jurídico que hay que resolver correctamente para no lesionar ningún derecho de las personas que entran en juego".
"Es relativamente reciente en nuestra sociedad la aparición de parejas estables formadas por homosexuales que han expresado su deseo de proceder a la adopción de niños. Por eso, antes de tomar decisiones precipitadas, hay que estudiar a fondo el asunto. Cuando se llegue a un consenso general sobre esta materia los legisladores podrán regular este nuevo tipo de adopción".
"Nunca hay que olvidar que a los poderes públicos les corresponde el ineludible deber de velar por los derechos del niño, que, por su edad, es el único que no puede expresar su opinión ni defender sus derechos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de mayo de 2003