Una de las funciones básicas que legitiman y, por tanto, condicionan la actuación y responsabilidad de un Estado es garantizar, preservar y defender la integridad física de sus ciudadanos, así como la salvaguarda de sus derechos de propiedad. No es preciso reiterar estadísticas ya publicadas para saber que en la Comunidad Valenciana ocupamos los primeros puestos en los índices de criminalidad española. Y no sólo en asuntos de poca monta, según datos de Interior Valencia y Alicante son la cuarta y quinta provincia de España con más grupos mafiosos. Tampoco es preciso recordar que, hasta hace unos meses, el responsable directo de nuestra seguridad, como delegado del Gobierno, era Camps, el candidato popular. Frente a este fracaso del Gobierno y los ayuntamientos populares, que no puede ocultarse falseando ahora las estadísticas -como las del paro- los planes y promesas incumplidos, la ineficacia, sigue siendo la norma y la proliferación de empresas de seguridad privada sitúan a este sector como el de mayor expansión en la economía española ¿Recuerdan aquello que dijo un responsable gubernativo? Sí, lo de que quien quiera más seguridad que se la pague.
Pero, como dijo ayer el candidato socialista en Alicante, Blas Bernal, en un precioso, humano, intimista, discurso que llegó a emocionarme, la seguridad no es una mercancía. Ni siquiera un simple bien público. Un ciudadano que no se siente seguro no es un ciudadano libre. El compromiso histórico socialista con la libertad pasa hoy también por la seguridad.
Segundo Bru es portavoz del PSOE en las comisiones de Economía y Presupuestos del Senado
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de mayo de 2003