Al Gobierno no le ha sorprendido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena los regímenes que regulan las acciones de oro que España y el Reino Unido mantienen en empresas privatizadas, según aseguró ayer el vicepresidente Rodrigo Rato. El ministro de Economía considera que ésta no afectaría "en ningún caso a situaciones de hecho ya consolidadas, sino a situaciones de futuro". El Ejecutivo cree, en cualquier caso, que el tribunal europeo no cuestiona los principios generales de la acción de oro, sino el procedimiento para ejercitar este derecho.
En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno indicó que el tribunal cree que los gobiernos tienen derecho a establecer condiciones para las empresas privatizadas y los servicios públicos, pero "entiende que esas condiciones deben materializarse a posteriori de las operaciones empresariales y no a priori".
La sentencia, según Rato, no tendrá efecto sobre operaciones pasadas, ya que e
ste mecanismo, que permite al Ejecutivo mantener cierto control sobre grandes empresas privatizadas (Telefónica, Endesa o Repsol YPF), no se ha llegado a utilizar nunca en España.
"El tribunal europeo, como probablemente sea lógico, mantiene una doctrina que ya ha sentado en el caso de Portugal y de Francia", explicó Rato en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela, por lo que, dijo, la sentencia "no va a sorprender a nadie". El Ejecutivo "está estudiando" la sentencia y "actuará en consecuencia".
El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, insistió en que "no se cuestiona el principio general de las acciones de oro, sino la proporcionalidad de los instrumentos para alcanzar este objetivo general y de los medios establecidos en la normativa para alcanzarlo en función de la libertad de capital".
El número dos de Economía afirmó que las compañías en las que el Gobierno tiene una acción de oro "son empresas de servicio público donde hay unos principios generales que deben de ser defendidos una vez que se haya producido la privatización". Según De Guindos, el tribunal considera que deberían haberse establecido otros medios "más objetivos" para "garantizar esos intereses generales".
Respetar las reglas
El secretario de Estado de Economía añadió: "España siempre acepta las reglas del juego a las que se ve sometida en este club, pero tenemos que analizar todas las alternativas disponibles". "Lo que no se puede aceptar como argumento político es que entre capital público extranjero", dijo Luis de Guindos.
En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pyme, José Folgado, manifestó que era necesario estudiar la resolución del tibunal europeo en detalle antes de pronunciarse más extensamente sobre la sentencia. "Siendo una resolución de este tipo, debemos acatarla", afirmó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de mayo de 2003