El pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad el texto definitivo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley de Sanidad). El borrador ha vuelto al Congreso con el apoyo de todos los grupos, después de que el Senado aprobara la inclusión de una disposición destinada a recoger "las particularidades del régimen económico y fiscal de la Comunidad Autónoma de Canarias". Con este añadido la ministra de Sanidad, Ana Pastor, consiguió el apoyo de Coalición Canaria, el único partido que no había votado a favor de la ley durante su dictamen el pasado mes de marzo por la Cámara Baja.
El principal cambio de la ley en el Senado ha sido la incorporación de una disposición final que modifica el real decreto de 1999 que establece el sistema de precios de referencia (el valor máximo de un fármaco que el Estado está dispuesto a subvencionar). La ministra de Sanidad, Ana Pastor, justificó este añadido por la "urgencia" de controlar el gasto en medicamentos, que de enero a marzo de este año ha crecido un 11,78% sobre el mismo periodo de 2002.
Con la nueva reglamentación, se amplían los llamados grupos homogéneos (conjunto de medicamentos a los que se aplica el precio de referencia). En lugar de exigirse que estén compuestos por productos con la misma composición, forma de presentación y dispensación (por ejemplo, 12 cápsulas de 500 miligramos de amoxicilina), bastará con que haya un genérico con el mismo principio activo (por ejemplo, amoxicilina en sobres de 100 miligramos). Además, el precio se calculará sobre los tres tratamientos más baratos de cada grupo. PP, PNV y Grupo Mixto votaron a favor de la enmienda. El resto se abstuvo.
Prestaciones iguales
La ley también establece el derecho de los ciudadanos a disfrutar de unas prestaciones mínimas y comunes, con la inclusión de la atención en salud mental, bucodental y paliativa. Las comunidades pueden ampliar los servicios que ofrecen, pero deberán aportar los fondos correspondientes.
También serán comunes los requisitos de calidad para la apertura de centros y servicios tanto públicos como privados y se fijarán unos centros de referencia para atender las patologías más complicadas como trasplante cardiaco o algunas técnicas diagnósticas.
La participación de las comunidades autónomas se refuerza, ya que se cambia la composición del Consejo Interterritorial (pasa a incluir sólo dos representantes de Sanidad con los 17 consejeros autonómicos) y se le dan más competencias. Prestaciones, política farmacéutica, profesionales, investigación y sistemas de información serán "ámbitos de colaboración" entre el Ministerio y los Gobiernos autónomos. La ley también prevé la creación de una tarjeta individual sanitaria válida en todo el territorio nacional, aunque no establece una fecha para su implantación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de mayo de 2003