La Iglesia católica tiene en Cajasur, como institución fundadora al igual que la Diputación, una serie de derechos, pero ni la Diputación ni la Iglesia, entidades sin ánimo de lucro, deben tener un poder omnipresente. La Iglesia debe tener presencia, pero debe permitir que los ayuntamientos, los impositores y los empleados tengan capacidad de decidir, porque si no, se engaña a todos ellos. La Iglesia católica no puede ir más allá de sus derechos y, si la Ley de Cajas dice que las entidades fundadoras no pueden tener más del 11%, que se pongan de acuerdo y que el resto recaiga en los ayuntamientos, los impositores y el personal de la caja. Si hay gran mayoría, no hay consenso y al final sufren los impositores, la ciudad, Andalucía y las inversiones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de mayo de 2003