El auto de Garzón relata que Nicolás López de Coca Fernández Valencia fue director general del Fondo Español de Garantía Agraria entre 1997 y 1999. El citado organismo se encarga de coordinar las ayudas y es el interlocutor del Estado español ante la Unión Europea.
López de Coca, "prevaliéndose de tal función", señala el auto, "habría desarrollado determinadas acciones, en concreto en relación con Castilla- La Mancha, donde cultivaban y transformaban lino textil sus hijos Enrique e Ismael López de Coca López de Sancho, a través de la entidad Colisur SL.
Los López de Coca invirtieron una importante cantidad de dinero para la puesta en marcha de Colisur que fue avalada por su padre y disponían de capacidad de decisión en la empresa.
Las acciones de López de Coca "irían dirigidas al entorpecimiento de los controles por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha y, en concreto, de la Consejería de Agricultura, y, directa o indirectamente podrían haber beneficiado a aquellos familiares y sus explotaciones agrícolas en un área que entraba dentro de sus competencias genéricas, y por tanto, incompatible con todo tipo de asesoramiento, consejo, impulso o beneficio por parte del funcionario público".
Por ello, el magistrado considera que los hechos atribuibles a López de Coca podrían constituir un delito de tráfico de influencias y/o otro delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
El fiscal deberá ahora presentar su escrito de acusación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de mayo de 2003