El Ministerio de Hacienda y la principal central sindical, el Histadrut, alcanzaron ayer un acuerdo que debería permitir la aprobación del plan de austeridad elaborado por Benjamín Netanyahu para hacer frente a la crisis económica que afecta al país desde el inicio de la Intifada. El paro alcanza el 11% y el crecimiento previsto para este año (un 1,5% del PIB) mejora el negativo de 2002, pero aún está muy lejos de los años de esplendor (un 5,5% de media) durante la vigencia del Acuerdo de Oslo.
Gobierno y el sindicato fueron capaces de flexibilizar posturas y llegar a un compromiso en los principales ámbitos de la negociación, excepto en los fondos de pensiones. La comisión de Economía y Finanzas de la Kneset (Parlamento) discutió este plan, que será presentado el lunes ante el pleno. Según el acuerdo, los salarios de los funcionarios serán reducidos en un 4% a partir del 1 de julio y congelados por un periodo de dos años. Sin embargo, la reducción no se será retroactiva a enero de 2003, tal como quería Netanyahu. Se pusieron de acuerdo en el número de jubilaciones voluntarias y anticipadas, que incluirán a 3.000 funcionarios.
Donde no hubo compromiso fue en la gestión de los fondos de pensiones del sector público, a pesar de las tres horas de reunión entre el viceministro de Hacienda, Meir Shitrit, y el presidente del Histadrut, Amir Peretz. Mientras el segundo se aferra a los fondos como a un clavo ardiendo, el primero acusó a los sindicatos de haber realizado una mala gestión de ellos estos últimos años.
El ministro de Asuntos Sociales, Zebulón Orlev, se mostró satisfecho por las condiciones de Hacienda en el recorte de las subvenciones a las familias, que serán reducidas en un 30% en vez de un 70%. La negociación continuará hasta la semana que viene, en que el plan de austeridad será debatido por la Kneset.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de mayo de 2003