Hace dos años el Insalud anunció un sistema de compras centralizadas de medicamentos para acabar con la disparidad del precio que pagaban los hospitales. El fin del proceso de transferencias sanitarias, la desaparición del propio Insalud y el cambio de ministra de Sanidad (Ana Pastor sustituyó hace diez meses a Celia Villalobos) arrinconaron el proyecto. Ahora, cada gobierno autonómico -y cada gerente de hospital- son responsables de acordar con los distribuidores o laboratorios cuánto paga por cada producto, recuerda un portavoz del Ministerio de Sanidad.
La herramienta para conseguir mejores precios es la información, afirman en Sanidad. Si un gerente de hospital o un consejero de Sanidad sabe lo que pagan en otro sitio, tendrá un argumento de peso para negociar el precio.
El desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad aprobada este mes debe considerar este aspecto, indican en Sanidad. Dos son los capítulos que se podrían usar de la ley.
Por un lado, el Sistema de Información Sanitaria, cuyos contenidos tienen que definir conjuntamente Ministerio y comunidades. Por otro, el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, aún sin desarrollar. Mientras tanto, tendrán que soportar las críticas del Tribunal de Cuentas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de mayo de 2003