Que pensaríamos, si se ilegalizara un partido o coalición racista de ámbito estatal que no condenase o justificase y alentase la violencia asesina contra las personas de otra raza por el solo hecho de ser de otro color o tener facciones distintas; en este caso, no tengo dudas de que aplaudiríamos su desaparición legal, para que no se beneficiase más de los derechos a los que podía acceder hasta ese momento y que le permitían extender sus abominables ideas y despreciables actos.
Dicho esto, es un misterio porqué no hacemos esto mismo cuando ilegalizan a una coalición ultranacionalista, que incita al enfrentamiento civil del pueblo por su ideario de supremacía patriótica y que no condena, sino justifica, la violencia exterminadora ejercida contra las personas que no comulgar con su pensamiento y deseos.
El único motivo que se me ocurre para justificar este deseo de no ilegalización es que ésta se produce en un territorio pequeño, porque estamos hablando de ilegalizar en un espacio reducido y a un porcentaje muy disciplinado y activo, que ronda el 8% de la población, y esto puede traer por su carácter cerrado, un exceso de victimismo populista que les beneficie y que puede provocar más incomodidades al resto de la población.
Pera ya puestos a ilegalizar a partidos o colectivos indeseables, por qué no hacerlo también con los que alientan y jalean guerras ilegales, amparándose en la ley de la selva y desobedeciendo las leyes de la comunidad internacional, provocando por su avaricia y rapiña miles de lejanos muertos inocentes, con el agravante cínico y canalla de decir hacerlo en nombre de los ciudadanos, cuando es rechazado casi por unanimidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de mayo de 2003