La situación de la inmigración en España empeora cada año. Ésta es la conclusión que puede extraerse de las casi 150 páginas de su informe de 2002 que el Defensor del Pueblo dedica a este fenómeno. Entre los múltiples problemas destacados por la institución que dirige Enrique Múgica uno es considerado muy grave: las reticencias mostradas por los arrendatarios españoles para alquilar pisos a extranjeros.
El Defensor achaca esta actitud a problemas de "racismo y xenofobia". Pero no culpa sólo a los arrendatarios. Sostiene que los medios de comunicación inciden en exceso en los "aspectos negativos" de la inmigración: porcentaje de delitos, y número de detenciones entre extranjeros, sin distinguir si eran por delitos o simplemente por problemas de papeles. Tanto es así que los ciudadanos, según el barómetro del CIS de junio de 2002, lo consideran como el tercer problema del país, después del paro y el terrorismo.
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"Sobre la inmigración falta muchas veces conocimiento y sobran recelos". No se destaca nunca, recuerda el informe, "la notable aportación de las cotizaciones de los inmigrantes para la mayor robustez de nuestro sistema de Seguridad Social y el saldo netamente positivo del balance entre gastos ocasionados por la inmigración e ingresos proporcionados por ella o su necesidad como refuerzo en los trabajos agrarios, puesto que sin su concurso la recolección de muchas cosechas constituiría un problema. Asimismo no puede dejar de reconocerse la importante labor que un gran número de inmigrantes realizan en los denominados servicios de la vida diaria (atención a la infancia, asistencia a personas mayores, cuidado de discapacitados o enfermos crónicos)". Como modelo de lo que podría hacerse en toda España para paliar este problema, el informe cita el Plan Municipal de Inmigración de Barcelona.
A pesar del racismo que denuncia a la hora de alquilar pisos a inmigrantes, el texto también destaca que la mayoría de las quejas sobre el maltrato o violación de los derechos de los extranjeros llegan de ciudadanos españoles que se preocupan por ellos.
El informe repite denuncias de otros años, como la mala situación de los centros de internamiento de extranjeros, especialmente los de Ceuta y Melilla. Y destaca que, a pesar de las promesas del Gobierno, nada hace indicar que se vayan a inaugurar nuevas instalaciones en breve.
El Defensor, en un informe que supera las 1.600 páginas, hace un repaso detallado de otras múltiples quejas de los ciudadanos en casi todos los aspectos que tienen que ver con su relación con las administraciones. Éstas pasaron de 13.000 en 2001 a 21.000 en 2002. El 31% de ellas viene de ciudadanos residentes en Madrid. Este dato fue aprovechado por la diputada socialista María Soledad Domínguez Pérez para calificar de "demoledor" el informe de este año. Concluye que ese aumento se debe al malestar de los ciudadanos en cuestiones como la inmigración, la inseguridad ciudadana o la administración de justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de mayo de 2003