El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado la gestión del recientemente inaugurado complejo deportivo de Abastos a una UTE (Unión Temporal de Empresas) cuyo representante legal es un empresario, Fernando Martín Rivera, condenado por estafa en noviembre de 2000. El Consistorio incumple de esta manera la ley de contratos de la Administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado en los últimos años.
Martín Rivera desempeña actualmente el cargo de gerente de Abastos. En noviembre de 2000 fue condenado a cuatro meses de arresto mayor y al pago de una indemnización de 8.600 euros por ofrecer e impartir un fraudulento curso de monitor de aeróbic, título que la Federación Española de Gimnasia (FEG) no reconocía. O sea, no era un título oficial, como anunciaba Martín Rivera a los interesados.
El Ayuntamiento incumple de esta manera la ley de contratos de la administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado. El criterio del Consistorio a la hora de adjudicar la gestión de los complejos deportivos municipales vuelve a estar en entredicho: el Ayuntamiento adjudicó sin previo concurso a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana la explotación del polideportivo de Patraix.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de junio de 2003