El PSOE e IU pidieron ayer la creación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar las circunstancias en que se produjo el accidente del Yak 42. El portavoz socialista, Jesús Caldera, planteó su propuesta como una oferta, ya que la intervención del ministro había sido "larga y poco detallada", pero sugirió que su grupo actuará en consecuencia si el PP no acepta la comisión.
Con un tono deliberadamente grave, que contrastó con las risas procedentes de los diputados populares al iniciarse su intervención, quiso demostrar que el PSOE no pretende desgastar al Gobierno con esta catástrofe, sino aclarar lo sucedido y evitar que se repita.
Pese a esta actitud, Caldera evidenció las responsabilidades políticas derivadas a su juicio de la tragedia. Recordó que la diputada Carmen Sánchez preguntó el pasado 1 de abril por las condiciones en que se realizaban estos vuelos, haciéndose eco de la inquietud de los militares, pero Defensa no atendió a esta señal de alarma y no comprobó el estado de los aviones.
Si conocía este problema y no hizo nada, espetó Caldera a Trillo-Figueroa, incurrió en "negligencia", y si no lo conocía, "en una falta de vigilancia inexcusable". En todo caso, agregó, "permítame envidiar la diligencia del Ministerio de Defensa noruego", que canceló el alquiler con la empresa ucrania tras verificar una queja.
El portavoz socialista calificó de "cadena de despropósitos" la actuación del ministro dirigida, en su opinión, "a diluir y extender las responsabilidades", incurriendo en sucesivos desmentidos y contradicciones. Se preguntó por qué se permitió que los soldados españoles viajaran en un avión similar tras el siniestro y argumentó que la suspensión del contrato, decidida el pasado domingo, una semana después de la catástrofe aérea, "demuestra que no había obstáculos jurídicos ni técnicos", como se dijo repetidamente.
A disposición de las familias
También pidió que los servicios jurídicos del Estado se pongan a disposición de las familias de las víctimas, que aún no saben en qué país tendrán que pleitear con la compañía propietaria del aparato, y que expertos aeronaúticos civiles, no sólo militares, colaboren en la investigación del accidente.
Caldera evitó pedir la dimisión del ministro, pero le invitó a sacar las consecuencias políticas de lo sucedido. "A su conciencia y a su responsabilidad apelo", afirmó. Más contundente, Felipe Alcaraz, portavoz de IU, le dijo que "debería haber puesto su cargo a disposición del presidente o haber sido cesado" antes de acudir al Congreso, pues "su gestión tras el accidente es causa suficiente para su dimisión".
Carlos Aymerich, del BNG, se sumó a la petición de dimisión, mientras que Ramón Companys, de CiU, y Luis Mardones, de CC, no se la exigieron. En la réplica, Trillo-Figueroa eludió esta cuestión, alegando que corresponde decidirla a los grupos parlamentarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de junio de 2003