Los ayuntamientos deberían ser los primeros garantes de la convivencia entre inmigrantes y autóctonos, pero en muchos casos impulsan actuaciones represivas a través de sus policías en forma de redadas y un constante hostigamiento hacia los sin papeles. Ésta es la crítica a algunos consistorios de Girona que ayer realizó el GRAMC (Grup de Recerca y Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers), el principal colectivo de ayuda a los inmigrantes. Joan Colomer, secretario de la entidad, emplazó a los ayuntamientos a actuar con valentía, sin inhibirse del problema, y afirmó que en algunos pueblos con grandes tasas de inmigración el clima de convivencia es tan tenso que "puede cortarse con un cuchillo".
Colomer criticó las redadas efectuadas recientemente en Salt y aseguró que este tipo de actuaciones espectaculares, destinadas a escenificar una falsa eficacia policial, generan desconfianza hacia la población inmigrante. Dolors Gubau, del GRAMC de Palafrugell, explicó que en su municipio, con una alta tasa de inmigración magrebí, la represión policial se mezcla con bulos sobre el pago de elevadas becas escolares o vales a los que los autóctonos no tienen acceso.
El GRAMC asegura que las políticas municipales tienen una enorme incidencia en la convivencia y reclamó a los alcaldes surgidos de las pasadas elecciones que incrementen la dotación de educadores de barrio o mediadores, en lugar de contratar más policías. La entidad gerundense puso ayer la localidad de Banyoles como ejemplo de un municipio en el que el buen hacer de las políticas municipales empieza a dar sus frutos en la convivencia.
Reforma de la ley
El GRAMC definió como "represiva y mercantilista" la reforma de la Ley de Extranjería que impulsa el PP. El colectivo de ayuda a los inmigrantes considera que en las comarcas de Girona existen entre 6.000 y 7.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales trabajan en la economía sumergida, que pueden verse muy perjudicados por la reforma. Colomer aseguró que no interesa regularizar a estos trabajadores porque desmontarían el "chanchullo" de muchas empresas. "Es mentira que quieran trabajadores regularizados, lo que interesa es la desregulación", afirmó. De ahí que, según Colomer, se prefiera importar un reducido número de trabajadores a través del denominado cupo. "Eso no es más que un engaño", afirmó.
Mustafá Shaimi considera que la reforma de las leyes de inmigración, que se hizo pública en plena campaña electoral, adolece de una grave deshumanización, puesto que penaliza cualquier ayuda facilitada a un inmigrante sin papeles. Shaimi lamentó que se exija una tarea de control policial a empresas de transporte de viajeros, como Iberia, que deberán informar a la policía en caso de que un inmigrante no regrese a su país en la fecha prevista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2003