El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, anunció ayer que exigirá a los ecologistas un aval para "garantizar los perjuicios" que se deriven de la paralización cautelar, dictada por el titular del juzgado número 2 de Castellón, de las obras que se estaban ejecutando en la marjal de Oropesa. El magistrado dictó el miércoles un auto, tras la solicitud presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), por el que suspende provisionalmente todas las obras hasta resolver si la ejecución del proyecto de la avenida de Barcelona, que ha de cruzar el marjal oropesino, supone un grave e irreparable daño para el ecosistema, tal como indica el informe de un perito. Fabra se mostró seguro de haber actuado "correctamente" y alegó que la obra no precisó de informe de impacto ambiental, ya que se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como "zona urbana".
Por su parte, la diputada socialista Mercedes Sanchordi aplaudió ayer la decisión del juez "teniendo en cuenta que la ejecución de esta obra tiene un carácter irreversible, en tanto que el daño que se pueda cometer, no podrá ser subsanado nunca" y reclamó el estudio de "trazados alternativos" que en su día, "fueron descartados por los responsables del PP".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2003