La nueva estrategia del Gobierno en materia audiovisual, orientada a la reforma del sector a través de enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, responde a una política "de parcheo", según la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Francisca Pleguezuelos. En su opinión, la decisión de congelar el anteproyecto de ley elaborado por el ministro Josep Piqué es fruto de una "posición errática del Gobierno", que "ha podido abordar la reforma integral del sector tendiendo la mano a los operadores y a los grupos políticos para elaborar un texto consensuado".
Pleguezuelos sostiene que utilizar fórmulas como la Ley de Acompañamiento es "inadmisible" teniendo en cuenta que hace apenas seis meses el Ejecutivo empleó este mismo mecanismo para modificar aspectos sustanciales de la legislación. "Se empleó para establecer un modelo de incompatibilidades accionariales en las televisiones y ahora se pretende acudir a la misma vía para deshacerlo. Es una política de vaivenes", dijo ayer la diputada socialista.
Criticó también que el Gobierno no asuma la reforma de la radiotelevisión estatal y eluda la creación de un Consejo Audiovisual. Y calificó de "incomprensible" el "paripé" de la semana pasada, cuando el Gobierno remitió con urgencia a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones el anteproyecto de ley. "Fue como si entrara en la UVI", dijo.
"La ley de la selva"
El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, acusó al Gobierno de permitir "la ley de la selva" incumpliendo el compromiso electoral de reordenar la maraña legislativa en materia de radio y televisión. En declaraciones a Servimedia, recalcó el enfrentamiento en el seno del Gobierno, que ha conducido a que España sea uno de los pocos países de la UE sin una autoridad independiente con competencias para regular el sector.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) insistió en la "imperiosa necesidad" de una ley audiovisual que "unifique, clarifique" y defina un marco general flexible, abierto y receptivo al cambio tecnológico. Esta entidad lamentó los años perdidos y las promesas incumplidas.
Desde el Consejo de Administración de RTVE, los socialistas alertaron sobre la posible intención del Gobierno de abrir la puerta a la privatización del ente público. De hecho, el artículo 32 del anteproyecto de ley elaborado por Piqué deja en manos de las administraciones públicas la definición del modo de gestión -directa, a través de entidades públicas, o indirecta, mediante concesión a empresas privadas- de los servicios públicos de radio y televisión en el ámbito nacional, autonómico y local.
Para el consejero socialista Miguel Ángel Sacaluga ese artículo es una pieza legal que puede desembocar en la posible privatización de TVE de una forma parcial o total. En el consejo celebrado ayer, los socialistas reclamaron del director general, José Antonio Sánchez, un pronunciamiento sobre esta hipótesis. Pero se limitó a asegurar que ni tiene poder para decidir ni va a ser consultado por el Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2003