Las organizaciones agrarias han reclamado a las diferentes administraciones un plan global para dar una solución a la incineración de los animales muertos en las explotaciones. Hasta el pasado 1 de mayo, los enterramientos estaban prohibidos para el vacuno, ovino y caprino. Desde esa fecha, la medida afecta a todos los animales muertos en una explotación. Agricultura solicitó sin éxito a Bruselas una moratoria para los enterramientos.
En medios agrarios se critica la falta de coordinación entre Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente en relación con este problema. Para Román Santalla, de UPA, serían necesarias más de 1.300 incineradoras para hacer frente a la situación. Según Asaja, es indispensable una estrategia coordinada entre la Administración central y las comunidades autónomas para poner en marcha una infraestructura que haga viable una correcta destrucción de cadáveres y que no corra todo a espaldas de los ganaderos.
El Ministerio de Agricultura ha ofrecido como única posibilidad un seguro para la recogida y destrucción de los animales con la máxima subvención pública.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de junio de 2003