El asegurador del petrolero Prestige ha depositado en el Juzgado de Corcubión 27,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil conforme al convenio internacional que regula los daños por contaminación por hidrocarburos. Tal suma sale de un cálculo basado en el arqueo bruto del petrolero hundido el 19 de noviembre de 2002. El seguro, hasta ahora, no había efectuado ningún pago a las víctimas por temer que si realizaba abonos antes de fijar la cuantía global, podría verse obligado a pagar dos veces si los tribunales no reconocían las cantidades previamente satisfechas. Tal cantidad se une a la establecida por el Fidac (Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos) por un monto de 171 millones de euros. En suma, casi 200 millones para un mar de reclamaciones que los supera con creces: sólo los reclamantes individuales suponen ya 139 millones; y el Gobierno español evalúa en 573 millones el coste público de la reparación de los daños originados por el desastre ecológico. Frente al listón legal establecido por el convenio y utilizado por el seguro para ceñirse a los 27,7 millones, la abogacía del Estado intenta dos estrategias para dinamitar tal tope: demostrar que el accidente del Prestige era probable por la situación previa del petrolero y probar la negligencia de la certificadora ABS.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de junio de 2003