Soy familiar de una socia cooperativista de Servicios Sociales Integrados que presta el servicio de ayuda a domicilio en Bilbao y conocedor de los medios que utiliza esta empresa con sus socias y trabajadoras (o sea, dueñas de su propia empresa). No llego a comprender que las dueñas, que son las que pagan a su gerente, ni siquiera sepan el salario que cobra esta persona, cuando los salarios de todos los socios deben estar expuestos en el tablón de anuncios de la empresa. Se les niega toda documentación que piden por vía interna y la empresa está utilizando todos los medios posibles para obstaculizar la lucha de las trabajadoras contra una situación injusta, ya que cobran un 23% por debajo del convenio.
Ha quedado demostrado que en ningún momento la gerencia quería que sus trabajadoras se acogieran al convenio. ¿Cómo lo ha hecho? Impugnando una asamblea en la que se habían tomado acuerdos beneficiosos para las trabajadoras, despidiendo a tres empleadas acusándolas de dirigir esta lucha y sancionando a cooperativistas por alzar su voz en contra de esta situación. ¿Qué clase de empresa es esta que a sus dueñas se les niega el derecho a opinar y a pedir información? ¿Es esta la empresa que quiere el Ayuntamiento de Bilbao para gestionar la atención de nuestros mayores y discapacitados? ¿Qué hace el Ayuntamiento que no cumple lo que aprueba en pleno de adecuar precio-hora al convenio del sector?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de junio de 2003