El secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá Polo, realizó ayer un balance positivo del periodo en que se llevan aplicando los juicios rápidos, "dado que su proceso se ha desarrollado de una manera gradual", según dijo. Para Catalá, "son varios miles de personas los que se han beneficiado de esta normativa, que ha supuesto un cambio radical en el funcionamiento de la justicia con la respuesta inmediata y cercana a la comisión de delitos y faltas". Catalá participó ayer en el decimoctavo congreso organizado por las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), que se celebra entre Benicàssim y Castellón y en el que se aborda la "Crisis de la legalidad democrática, la fuerza de los derechos".
Respecto a las críticas realizadas por la falta de recursos para aplicar la Ley de Juicios Rápidos, Catalá expresó su impresión de que "desde 28 de abril, tanto en la estructura de los juzgados, la dotación de los fiscales o la agenda electrónica, hay medios suficientes".
Por su parte, el portavoz de Jueces por la Democracia, Miguel Carmona, expresó su preocupación respecto a las decisiones del Gobierno ya que, según dijo, "todas las medidas que se adoptan en materia legislativa atacan de manera directa a la concepción que pone en el mismo lugar a la libertad y a la seguridad, aunque no es un hecho aislado de España sino de nuestro entorno".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de junio de 2003