Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, insistió ayer en la "necesidad" de ampliar el capital social del club rojiblanco, que sufre serios problemas de liquidez. La ampliación deberá llevarse a cabo antes del 30 de julio, fecha tope para pagar a los futbolistas el dinero que se les adeuda. La operación, que deberá ser autorizada por la Sala Primera de la Audiencia Nacional, consta de dos tramos. El primero, por valor de 22 millones de euros, se cubrirá por compensación de créditos entre los acreedores que acumulen una deuda superior a los 200.000 euros y, además, acepten la fórmula. El segundo, de 14 millones, lo podrán cubrir los pequeños accionistas.
Así, los acreedores del club que han aceptado trocarán su deuda por acciones. Empresas del propio Jesús Gil, como Promociones Guadalquivir y Promociones Futbolísticas, acumularán más de 17 millones de euros en títulos, los que, sumados a los dos millones de euros que percibirá la compañía Vídeo Mercury Films, de Enrique Cerezo, volverán a otorgar una mayoría del accionariado rojiblanco a la familia Gil. Además, entre los acreedores figuran los nombres de los futbolistas de la primera plantilla Aguilera y Santi. También el ex rojiblanco Esnáider o el representante Manuel García Quilón. Todas estas deudas han sido reconocidas oficialmente por la intervención judicial que tutela las cuentas.
Gil Marín, sin embargo, niega que el propósito de su familia sea "perpetuarse" en el poder y asegura que el resto de las acciones disponibles por "aportaciones dinerarias", el segundo tramo de la ampliación, de 14 millones, está a disposición de cualquiera de los 2.702 pequeños accionistas. Cada uno podrá suscribir de 100 a 113 títulos a un precio de 49,88 euros cada uno. También habrá otra futura ampliación, a aprobar el año próximo, de otros 12 millones de euros. "En total, tendremós 17 millones de 48, o sea, que no tenemos por qué controlar el consejo", aseveró Gil Marín.
La plataforma opositora Alternativa Atlética estima que la ampliación de capital, si se efectúa en esos términos, "permite a la familia Gil recuperar el control de la entidad y la posibilidad de negociar su salida del club a cambio de dinero". Los Gil y Cerezo poseen el 95,5% de las acciones del club, pero esos títulos están embargados por la Audiencia y a la espera de que se resuelva un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. También poseen 4.000 acciones de las otras 12.000 que no están en los juzgados.
El consejero delegado razonó los pasos "que debe dar el club para pasar de ser un circo a una empresa normal". En su opinión, el primero es la aprobación de la ampliación de capital, el 27 de junio; después, el 1 de julio, confirmar la continuidad o no del técnico Luis Aragonés, y, por último, reducir la plantilla de 39 futbolistas a 22.
Gil Marín aseguró que el año próximo el montante en sueldos de los jugadores no excedería delos 22 millones de euros anuales y reveló su intención de nivelar los gastos y los ingresos. "El club que no haga eso está condenado a desaparecer", apostilló.
Sobre el futuro de Luis Aragonés, el consejero delegado fue muy explícito y recalcó: "No vamos a pagar dinero a un empleado por un servicio que no va a prestar", desechando así la posibilidad de despedir al veterano preparador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de junio de 2003