El desleal comportamiento de los dos diputados autonómicos socialistas que rompieron la disciplina de voto en la elección de la presidencia de la Asamblea de Madrid ha hecho aflorar una sórdida historia cuyo argumento central es la presunta existencia de un contubernio entre especuladores inmobiliarios y cargos electos no sólo del PSOE sino también del PP. Como respuesta a las primeras informaciones periodísticas, socialistas y populares se han dedicado a proyectar los focos sobre la basura ajena y a ocultar la mugre propia, olvidando que se halla en juego algo tan importante para el sistema democrático -y para ambos partidos- como es la autonomía de la política respecto a los dictados de oscuros grupos de presión que pretenden corromperla e instrumentalizarla. La opinión pública, sin embargo, tiene derecho a conocer en toda su complejidad el conjunto entrelazado de irregularidades que la fiscalía y los tribunales empiezan ahora a investigar; sólo los militantes fanatizados de uno y otro partido pueden llegar a la disparatada conclusión de que la corrupción política es un pecado ontológico y exclusivo del bando contrario: populares y socialistas deben establecer una tregua para combatir de manera conjunta una amenaza que les afecta por igual.
Los opacos procedimientos utilizados para designar a los candidatos que representan a sus organizaciones ante las urnas son la matriz del transfuguismo: la contradicción entre las funciones atribuidas por la Constitución a los partidos como motores del sistema representativo y su deficiente democracia interna agrava las repercusiones de esa pandemia de deslealtad interesada. El severo golpe asestado a la renovada imagen del PSOE por la deserción de sus dos diputados autonómicos ha producido la misma consternación que la recaída de un toxicómano supuestamente rehabilitado entre quienes consideraban superada la etapa de los escándalos en sus filas. Las candidaturas cerradas y bloqueadas encabezadas por el logotipo de unas siglas son presentadas por los partidos como un contrato de adhesión que los electores pueden tomar o dejar pero nunca modificar. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no deben sus escaños -patrimonializados como si fuesen de su propiedad personal- a los madrileños que introdujeron en las urnas la papeleta socialista sino a los dirigentes que la confeccionaron: sin embargo, nadie parece dispuesto a asumir dentro del PSOE la responsabilidad de que esos sospechosos nombres figurasen en la candidatura. Porque los dos tránsfugas y su padrino Balbás eran de sobra conocidos dentro de la Federación Socialista Madrileña como miembros de una facción nimbada por la mala fama y dedicada al tráfico de influencias interno y exterior.
¿Quién ha escrito este folletín? De no ser por las noticias posteriores, la económica hipótesis del calentón tal vez hubiera podido explicar satisfactoriamente por sí sola los hechos: al diputado Tamayo se le habría ido la mano tanto cuando formuló el chantaje (la amenazadora exigencia para su grupo de una consejería relacionada con el urbanismo) como al instrumentarla (la salva de aviso disparada en la Asamblea fue un cañonazo a la línea de flotación del PSOE). Pero las investigaciones periodísticas -iniciadas por la Cadena SER- no sólo han descubierto los nexos que vinculan a los socialistas tránsfugas con una red de negocios inmobiliarios y de juego madrileña; también amplían las fronteras de la oscura trama hasta algunos ayuntamientos controlados por el PP y mencionan al actual secretario general de los populares de la región -ex alcalde de Majadahonda- como contacto de los conseguidores. Si esa hipótesis se confirmara, estaríamos frente al teratológico caso de una red de corrupción político-mafiosa que cruzaría de forma transversal ambos partidos.
La lógica de la confrontación partidaria entre PSOE y PP ha desembocado en un estrepitoso intercambio de acusaciones y querellas. Es obvio que la operación desestabilizadora emprendida por los diputados tránsfugas se proponía impedir la llegada al poder del PSOE y el cambio del actual statu quo urbanístico de la región; la conclusión lógica de esa premisa era abrir al PP las puertas del Gobierno de par en par. Pero no resulta imprescindible remontarse hasta los centros de decisión últimos de los populares para descubrir la fuente de la maniobra: bastaría con esa red mafiosa de especuladores asociada de manera transversal con cargos electos -socialistas y populares- instalados en un segundo nivel cuyos comportamientos sus jefes toleran por un injustificable patriotismo de partido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de junio de 2003