La Cámara de Comercio de Alicante sostiene que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) deben pagar las cuotas camerales a pesar de que el Tribunal Supremo haya rechazado un recurso formulado por la entidad en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que consideraba "profesionales libres" a los API ajenos a "cualquier actividad comercial".
La Cámara sostiene que la no admisión de un recurso por razones de técnica jurídica no entraña doctrina jurídica ni puede sentar precedente sobre la cuestión. La institución cameral mantiene, además, que el auto del Tribunal Supremo afecta exclusivamente a los siete agentes que demandaron a la Cámara pero no se puede extrapolar a todo el colectivo de API.
Un portavoz de la Cámara explicó a Efe que la entidad espera una sentencia del Tribunal Supremo a raíz de "un recurso de casación en interés de ley presentado por la Cámara de Valencia" que fije doctrina.
La Cámara de Alicante tiene censados a 204 API que contribuyeron a los ingresos de la entidad con un total de 4.823 euros, a razón de 23,69 por empresa como media.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de junio de 2003