Aunque pueda parecer una afirmacion cínica, creo que todos debemos congratularnos con lo que ha sucedido en la Asamblea de Madrid, porque ello ha puesto de manifiesto lo que era ya una realidad inocultable: que los intereses inmobiliarios y urbanísticos se están convirtiendo en una de las mayores lacras de la democracia, y que las actuales estructuras cerradas de los partidos políticos se configuran como un perfecto caldo de cultivo para que dichos intereses medren al calor de la política.
¿A qué, si no, esa avidez, apenas disfrazada, por parte de los partidos para obtener y controlar las áreas de urbanismo en cuanto llegan a los ayuntamientos?
¿Qué sorpresa puede causar, en este estado de cosas, que los precios de la vivienda anden de continuo desbocados?
Tal vez debería aprovecharse la presente coyuntura para empezar a plantearse si no sería conveniente crear estructuras fiscalizadoras supramunicipales que impidan que los poderes públicos estén siendo cómplices de una situación que perjudica no sólo a los ciudadanos, sino que a la postre puede convertirse en un verdadero disolvente de la confianza de éstos en las instituciones que los representan.
Por lo que respecta a la modificación de las actuales estructuras de los partidos, ésa es la asignatura eternamente pendiente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de junio de 2003