Resulta inquietante la noticia que daba EL PAÍS Andalucía el 12 de junio sobre el caso de Carmen Espejo a la que la delegación sevillana de Asuntos Sociales arrebató a sus dos hijas en octubre de 2001. El relato de los hechos es escalofriante: a una madre que acude a la asistente social en busca de ayuda para buscar una guardería para sus dos hijas, una de ellas con minusvalía, y poder conseguir un empleo, la Administración autonómica responde con las medidas más extremas, llevándose a las niñas y después separando a las dos hermanas, al entregar a la mayor en acogimiento preadoptivo. Una bonita lección de política social por parte de un gobierno de izquierda.
El problema es que casos similares vienen repitiéndose con demasiada frecuencia en nuestra comunidad, sin que causen la menor alarma, seguramente porque afectan al sector de la población socialmente más desprotegido. Y, sin embargo, hay motivos más que sobrados para indignarse. Ante todo, por la sospecha de arbitrariedad que planea sobre este tipo de decisiones, donde Asuntos Sociales ejerce de juez y parte, con la consiguiente indefensión de los afectados. El cuadro se hace aún más negro cuando a la inhumanidad burocrática se suma la ineptitud administrativa: ¿cómo puede tardar Asuntos Sociales más de un año en entregar un informe psicosocial a la justicia? A lo que hay que añadir la falta de control judicial efectivo, pues un expediente de desamparo puede tardar años en resolverse. ¿Qué importan unos años en la vida de una niña, separada de su madre y de su hermana? Parece una burla, cuando menos, hablar de la protección de los derechos del niño.
Hace falta que Asuntos Sociales dé explicaciones, sin refugiarse en la excusa de que el asunto está en trámite judicial. Hace falta abrir un debate sobre la política de la consejería en tales casos y sobre las garantías efectivas que deben acompañar a las declaraciones de desamparo, para reducir abusos y arbitrariedades. Esta clase de actuaciones ponen en cuestión el sentido mismo de la política social: pocas cosas suenan más siniestras que la mención a las "limitaciones intelectuales" de los progenitores en el artículo. ¿Hay que recordar que las políticas sociales deberían ir encaminadas a prestar ayuda a las personas socialmente vulnerables y no a castigarlas de la forma más cruel?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de junio de 2003