La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón para la recalificación de terrenos rústicos con el objetivo de levantar 33.000 viviendas, la mayoría de precio libre, necesitaba de la aprobación de la Comunidad de Madrid para salir adelante.
Todos los planes de la trama que, según el fiscal, formaron el alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, el arquitecto Leopoldo Arnaiz, y los propietarios del suelo, entre ellos Francisco Vázquez y Francisco Bravo, los amigos del diputado socialista tránsfuga Emilio Tamayo, se desbarataron al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cuatro veces en cuatro años, la Comunidad de Madrid rechazó las propuestas del gobierno municipal de Alcorcón.
Luis Eduardo Cortés, el último consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid, se apresuró ayer a declarar: "Lo único que puedo decir es que la Comunidad de Madrid no lo aprobó".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de junio de 2003