La Fiscalía de Granada ha emitido dos escritos de acusación en quince días contra un vecino de Cartagena (Murcia) al que imputa sendos delitos contra los derechos de los trabajadores, tras haber sido sorprendido en dos ocasiones cuando trasladaba a inmigrantes ilegales a trabajar sin contrato.
En sus escritos de acusación, el fiscal solicita en cada uno de los casos dos años y ocho meses de prisión, penas que aún no son computables a efectos de reincidencia, circunstancia necesaria para su eventual ingreso en prisión. Esta situación es posible porque los hechos no han sido enjuiciados y, por tanto, no ha recaído sentencia firme sobre ninguno de ellos.
El acusado D.G.L., de 37 años, al que sí le constan dos condenas firmes por delitos contra la seguridad del tráfico, fue interceptado por la Guardia Civil el 10 y el 22 de abril en la misma carretera, la A-340, la primera vez en Darro y la segunda en Diezma, transportando inmigrantes que carecían de documentación.
En la primera ocasión, el acusado conducía un turismo marca Crysler en el que viajaban cinco súbditos ecuatorianos, a quienes, según el fiscal, "había ofrecido, sin ningún tipo de contrato, trabajo para una noche en una granja que regenta en la provincia de Jaén".
Doce días después fue detenido en una estación de servicio de Diezma con cinco ciudadanos ghaneses "que carecían de toda clase de documentación que justificara su estancia legal en España y que viajaban por encargo del acusado por cuanto les había ofrecido trabajo, sin ningún tipo de contrato".
En ambos casos, siempre según el escrito de la fiscalía granadina, el acusado "era perfectamente conocedor" de que los inmigrantes "carecían del oportuno permiso de residencia y trabajo y que, como consecuencia de ello y aprovechando su situación de necesidad, se veían obligados a aceptar condiciones de trabajo sin una cobertura legal suficiente y con la consiguiente pérdida de sus derechos fundamentales".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de junio de 2003