Impresiona el silencio con el que la comunidad internacional responde ante la presión de EE UU para que Bélgica derogue o modifique el alcance universal de su legislación penal. Nadie parece darse cuenta de la gravedad de la situación: el mundo al revés. En lugar de luchar por la universalización del Derecho y por extender, cada vez más, la aplicación de los tratados internacionales sobre protección de derechos humanos y responsabilidad penal de quienes los violan, el Gobierno de George W. Bush utiliza su fuerza diplomática para allanar el camino a su política criminal. Mientras con una mano señalan a quienes representan una amenaza contra la humanidad, y tratan de justificar sus guerras con la necesidad de extender su "democracia" a países cuyos gobiernos vulneran sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales de las personas, con la otra van azotando a quienes pueden suponer una traba contra la vulneración sistemática de los derechos humanos que los propios norteamericanos perpetran. Quieren tener la exclusiva en este campo. Tal vez deberíamos cedérsela, y ver a quién llaman "terrorista" a partir de entonces, aunque sólo fuera por curiosidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de junio de 2003