El PSOE busca la manera de hacer difícil la vida de los parlamentarios o cargos electos que abandonen a su partido y pretendan refugiarse en el Grupo Mixto del Parlamento o de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, dirige los trabajos que desembocarán el próximo lunes en el debate del estado de la nación bien en forma de resoluciones o como parte de la intervención, a modo de anuncio, del líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. O quizá las dos cosas, según fuentes de la dirección del Grupo Socialista, que no ocultan que algunas de ellas están inspiradas en la mala experiencia que viven por el escándalo de la Comunidad de Madrid.
Se tratará de medidas de "regeneración democrática" y/o de ética y moralidad pública -aún no tienen nombre-, que afectará a la Ley Electoral, la Ley de Partidos y los Reglamentos de las Cámaras. El portavoz parlamentario, Jesús Caldera, reconocía ayer que algunas de las medidas van a formar parte del programa del PSOE para las elecciones de 2004 aunque si el resto de las fuerzas están de acuerdo propondrán ahora las reformas. De momento, se conformarían con que los fugados de la disciplina de un partido no pudieran pasar al Grupo Mixto ya que esa opción está pensada para partidos que han concurrido a las elecciones pero que no tienen el número suficiente de votos para formar grupo.
Los tránsfugas
Los diputados que se fueran de su grupo original pasarían a ser simplemente no adscritos y, por tanto, no tendrían dotación como grupo, no formarían parte de la Diputación Permanente y tendrían los tiempos de intervención muy limitados. Eso sí, por mandato constitucional, nadie les puede quitar el escaño y el sueldo. En el caso de los diputados desertores María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo sí han pasado al Grupo Mixto con todas sus ventajas.
Además de estas medidas, el PSOE estudia endurecer el sistema de incompatibilidades de los parlamentarios y de los altos cargos, así como la obligación de hacer públicos los bienes antes y después de ocupar un cargo público, a la manera que ya implantó en Castilla-La Mancha José Bono.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de junio de 2003