Las cuentas de resultados de Telefónica de España durante los últimos dos años ofrecían indicios suficientes de que la primera empresa española atraviesa un periodo difícil. El expediente de regulación de empleo para 15.000 trabajadores, que acaba de anunciar la compañía, confirma que sus gestores actuales se encuentran con serias dificultades para sostener una curva razonable de beneficios durante los próximos años, si no es con una reducción de los costes salariales -la mayor que ha propuesto jamás una empresa privada española- que compense la disminución de ingresos por los servicios que presta la empresa.
Telefónica no es una empresa corriente, así que no se puede suscribir ni el dictamen del ministro Piqué, según el cual la regulación de empleo de Telefónica es la misma que habrían practicado ya otras operadoras europeas, ni el despeje apresurado del vicepresidente Rato, que entiende que el recorte de empleo "es un asunto privado". Desde 1997 y al menos hasta el año 2000, la gestión de Telefónica estuvo contaminada por el imperativo gubernamental de construir un grupo de medios de comunicación que, a la postre, se ha revelado como una fuente inagotable de pérdidas y una ruina para la empresa. Durante la presidencia de Juan Villalonga se sometió a la caja de la empresa a una desbordante sangría para financiar aventuras absurdas, como las operaciones en Brasil o la compra de Lycos, cuando no caprichos desbocados, como la compra billonaria de Endemol. Decisiones empresariales posteriores no han mejorado la situación. La de concurrir a las subastas por licencias de UMTS en Alemania e Italia ha obligado a aplicar cuantiosas provisiones que han mermado las reservas financieras de la compañía.
El recurso a la regulación de empleo es un procedimiento respetable; y lo sería más si las dificultades de la empresa tuviesen también consecuencias en la retribución de sus ejecutivos. Pero será un ejercicio estéril si Telefónica no clarifica otros aspectos de su estrategia empresarial. Uno de los más importantes es la definición del balance entre sus negocios de telefonía fija y móvil, descuidado quizá por la obsesión interna en achacar las dificultades de los últimos años a la regulación deficiente del mercado. Es verdad que los sucesivos Gobiernos de Aznar han diseñado procedimientos muy chapuceros para aumentar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Pero la obligación de los responsables de Telefónica es optimizar la rentabilidad de su negocio en las condiciones políticas dadas; y esa obligación no se ha cumplido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de junio de 2003