El PP se quedó solo ayer en su intento de trasladar a Cataluña la ofensiva que quiere aplicar en las comunidades autónomas en que gobierna para suprimir el impuesto de sucesiones, una iniciativa que ha sido criticada en voz baja por el Gobierno catalán porque asfixia a Cataluña frente a otras comunidades a la vez que, de manera indirecta, quebranta la unidad de España.
El pleno del Parlament tumbó, con los votos en contra de todas las fuerzas parlamentarias con la excepción del PP, la proposición de ley del grupo parlamentario popular para modificar la ley de medidas fiscales y administrativas de 2001 que proponía dejar exentas de tributación las transmisiones mortis causa entre ascendientes, descendientes y cónyuges, una reducción del 100% sobre las cantidades percibidas procedentes de seguros de vida, una reducción también del 100% en la transmisión de la vivienda habitual y elevar el trato fiscal para las grandes fortunas.
Las medidas del PP hubieran representado para el Gobierno catalán una merma recaudatoria de 240 millones de euros, alrededor del 1,3% del presupuesto, según señaló ayer el diputado popular Josep Maria Fabregat, que pidió un esfuerzo de gestión por parte del Ejecutivo catalán. El resto de las fuerzas parlamentarias se muestran a favor de revisar el impuesto, pero sin eliminarlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de junio de 2003