La Comisión Pro-Río Segura de Orihuela solicitó ayer a las autoridades comunitarias, estatales y europeas que "suspendan el pago de las ayudas públicas a todas las empresas sancionadas o con un expediente abierto por uso ilegal de recursos hídricos a través de pozos u otros sistemas de extracción". Según indicaron fuentes de la asociación, a través de un comunicado conjunto con la organización Ecologistas en Acción de Murcia, la suspensión de la financiación pública debería ser efectiva "incluso si el expediente sancionador está caducado". Pro-Río realizó esta petición en referencia al caso del presunto fraude de la finca El Chopillo, en Moratalla (Murcia), denunciado por los ecologistas tras un incendio en 1994 que afectó a unas 30.000 hectáreas y que, según los denunciantes, "aprovecharon algunos especuladores para adquirir a bajo precio terrenos forestales afectados que pasaron a ser considerados como agrícolas".
Según Pro-Río, un informe presentado la semana pasada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) y el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Juzgado de Instrucción número 36 de la capital, confirmaría, la ampliación presuntamente ilegal de regadíos con subvenciones públicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de junio de 2003